El futuro judicial del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, quedó en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de dos días de audiencias en las que entregó declaraciones sobre presuntos vínculos entre sectores políticos y grupos paramilitares en el departamento.
La diligencia, realizada ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, tuvo como propósito evaluar si los aportes del exmandatario cumplen con los requisitos exigidos por la justicia transicional para mantenerse dentro del sistema.
Durante las sesiones, Aguilar se refirió a supuestos apoyos políticos provenientes de estructuras paramilitares y habló sobre el contexto de influencia que habrían tenido las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Santander durante los años más intensos del conflicto armado. También mencionó encuentros y dinámicas políticas que, según indicó, marcaron procesos electorales en la región.
La audiencia hace parte del análisis que adelanta la JEP sobre posibles relaciones entre dirigentes políticos, agentes estatales y grupos armados ilegales. En el caso de Aguilar, los magistrados deberán determinar si la información entregada representa un aporte efectivo para el esclarecimiento de los hechos y la reparación de las víctimas.
El exgobernador ya había intentado ingresar a la JEP anteriormente, pero en 2022 su solicitud fue rechazada por considerar insuficientes sus aportes. Posteriormente, una instancia de apelación le permitió una nueva oportunidad para ampliar sus declaraciones y presentar información adicional.
La decisión que adopte ahora la Jurisdicción Especial para la Paz será determinante. Si la JEP considera que cumplió con las condiciones exigidas, Aguilar podría conservar los beneficios judiciales del sistema transicional. En caso contrario, quedaría definitivamente por fuera de esa jurisdicción.
La JEP deberá emitir una decisión en una próxima etapa del proceso sobre la situación jurídica del exgobernador santandereano.
