Desde una perspectiva centrada en los derechos humanos, el Gobierno Nacional presentó a los municipios y los departamentos una guía para crear y gestionar centros de detención temporal para más de 20.000 personas sindicadas y privadas de la libertad.
El documento ‘Lineamientos mínimos para espacios temporales de reclusión’, fue elaborado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Federación Nacional de Personerías (Fenalper).
La guía orienta y ofrece referencias técnicas a las entidades territoriales para construir espacios temporales de reclusión, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional, indicó Camilo Umaña Hernández, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa.
“El compromiso es que podamos tener una forma de privación de la libertad que sea humana, digna y correspondiente a un Estado Social de Derecho’, indicó el funcionario en el auditorio Jockey de la Universidad del Rosario, donde se llevó a cabo el lanzamiento del documento.
Los ‘Lineamientos mínimos para los espacios temporales de reclusión’ compila la jurisprudencia y la normativa aplicable a los bienes y servicios que deben proporcionarse a las personas privadas de la libertad en espacios temporales.
“El deber del Estado es poder encontrar una salida a este problema que no solo se manifiesta en temas de hacinamiento, sino también de salud, visitas y dignidad mínima de resocialización para las personas que se presume, han cometido algún delito’, afirmó Umaña Hernández.
El funcionario confirmó que el Ministerio de Justicia presentó al Congreso un proyecto de ley para que la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) pueda financiar la alimentación de 17.000 privados de la libertad.
Este proyecto es uno más de un paquete legislativo que la cartera que lidera el ministro Néstor Iván Osuna ha puesto en marcha para humanizar el sistema penitenciario.
“Estamos convencidos de que necesitamos una serie de medidas muy diversas, un esfuerzo muy amplio, mancomunado y de diferentes entidades para poder dar una respuesta mucho más racional a un sistema de privación de libertad que ha resultado muy deshumanizante y abiertamente inconstitucional’, puntualizó Umaña Fernández.
