Los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino; de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago; y del Interior, Juan Fernando Cristo, radicaron ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia.

Con la norma, el Gobierno Nacional cumple el mandato popular y el punto uno del Acuerdo de Paz, promoviendo instituciones y mecanismos de justicia ágiles y de fácil acceso para las poblaciones rurales en los que se puedan tramitar conflictos agrarios.

La Ley Ordinaria tiene como objetivo determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, como aquellos por la posesión y tenencia de la tierra, por servidumbres agrarias, por deslinde y amojonamiento de predios agrarios y los que surjan de las actividades de producción agrarias, entre otros. Además, el proyecto establece las reglas especiales para que los procedimientos judiciales sean expeditos y garantistas.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, aseguró que “esta apuesta de la justicia agraria es la más profunda apuesta por la paz. Es la apuesta que nos va a permitir decir que tenemos reglas claras, procedimientos claros, y un funcionario de la rama Judicial del Poder Público autónomo, independiente, y elegido por mérito, al servicio de la solución de los conflictos agrarios, para que propietarios, ocupantes y poseedores se sientan tranquilos”. Y dejó un mensaje claro: «Con este proyecto le queremos decir al Congreso que nos permita aislar los miedos, que no sean los mitos, que no sea la angustia, que no sea el terror mediático el que defina el rumbo de la justicia agraria».

“Para mí no solamente es un deber con la justicia haber coadyuvado este proceso, sino una necesidad de hacer cierto algo que históricamente ha sido negado dentro del Estado colombiano y es importante cumplirle al campo y cumplirle al campo es cumplirle a la vida. Esto es justicia social porque debemos entender que aquí existe el derecho a semilla y a la tierra. Con esta ley se rompe la tradición de discriminación y de desigualdad”, recordó la ministra Justicia, Angela María Buitrago.

“Celebramos la radicación del proyecto que busca crear jurisdicción especializada para resolver de manera más efectiva los problemas agrarios en las regiones y así contribuir a la paz y la reconciliación del país”, sostuvo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Con la Jurisdicción Agraria, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no sólo garantizará que las mujeres rurales, los pequeños y medianos productores y los miembros de grupos étnicos participen de las actuaciones judiciales que puedan afectar sus derechos, sino que, entre cosas, promueve la formación de especialistas en derecho agrario y el fortalecimiento de consultorios jurídicos.

Durante el primer año de Gobierno, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Justicia y del Derecho e Interior avanzaron hacia el cumplimiento del Acuerdo de Paz, logrando la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2023 que reformaba la Constitución Política para incluir la Jurisdicción Agraria como parte de la rama judicial.

Además, el Gobierno nacional logró la aprobación de la Ley Estatutaria que reglamenta la estructura de la jurisdicción y establece los criterios para distribuir los jueces en todo el territorio nacional.

El Ejecutivo confía en que el Congreso de la República tramite y apruebe prontamente esta ley para que la Jurisdicción Agraria sea una realidad.