Desde Cali, en el marco del Encuentro de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional, los mandatarios departamentales elevaron un llamado contundente al presidente Gustavo Petro: las regiones enfrentan una crisis de seguridad que exige respuestas inmediatas, articuladas y sostenibles.
El evento, que contó con la presencia del Ministro de Defensa, representantes de organismos de control, expertos internacionales y altos mandos de la Fuerza Pública, sirvió como escenario para presentar un diagnóstico crítico de la situación territorial. El Brigadier General William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, expuso una ruta estratégica para mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana, basada en la anticipación, el análisis de patrones delictivos y la articulación interinstitucional. Los gobernadores acogieron esta propuesta y manifestaron su disposición para implementarla.
Sin embargo, también advirtieron que la capacidad institucional está siendo desbordada por la expansión de estructuras armadas ilegales, el deterioro de la presencia estatal y el avance de economías ilícitas que amenazan la soberanía nacional. En respuesta, presentaron el “Manifiesto por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional”, un documento que recoge ocho solicitudes urgentes al Gobierno Nacional:
• Articulación efectiva entre las políticas de seguridad nacional y regional, con reglas claras y herramientas para la acción territorial.
• Incremento presupuestal para defensa, seguridad y justicia, que garantice la operación de la Fuerza Pública en todo el país.
• Fortalecimiento de capacidades de inteligencia y tecnología para enfrentar nuevas modalidades criminales.
• Control urgente sobre cultivos ilícitos, especialmente en zonas de manejo especial, donde el conflicto entre conservación ambiental y economías ilegales se agudiza.
• Intervención interinstitucional integral en municipios y zonas rurales con alta presencia criminal.
• Suspensión de beneficios a estructuras armadas ilegales activas y redefinición de la política de Paz Total bajo principios de verdad, justicia y reparación.
• Formulación de un Plan Nacional de Recuperación Institucional con metas verificables y acciones inmediatas.
• Garantías plenas para el ejercicio libre y seguro del voto en las elecciones de 2026.
Los gobernadores reconocieron los avances recientes en la lucha contra el crimen organizado —como la captura de alias El Viejo y alias Grano— y el compromiso de las Fuerzas Militares y de Policía. Pero insistieron en que “donde no llega el Estado, llega la ilegalidad; donde debería haber protección, hay más criminalidad”.
La advertencia es clara: si las ciudades están siendo atacadas, ¿qué se puede esperar de las regiones más apartadas? Proteger la democracia y la seguridad ciudadana es condición indispensable para el desarrollo social y económico. Las regiones son el primer frente de defensa de la paz y el progreso. Cuidarlas es cuidar el futuro de Colombia.








