El paro campesino que paralizó vías en Santander durante seis días concluyó con acuerdos liderados por la Gobernación departamental y el Gobierno Nacional. Los bloqueos, concentrados en Lebrija y otras zonas del departamento, respondían a incrementos en avalúos catastrales por la Resolución 2057 del IGAC, impactando impuestos prediales.
Acuerdos clave en mesas de diálogo
La Secretaría de Planeación de Santander facilitó diálogos técnicos con el IGAC, logrando compromisos como revisiones detalladas de avalúos para ajustarlos a la realidad económica de predios rurales. Se crearán mesas técnicas con municipios, IGAC y comunidades para analizar casos individuales y priorizar zonas avanzadas como Lebrija.
La Gobernación brindará asistencia técnica a alcaldes para mitigar el impacto en prediales, con seguimiento permanente. En Lebrija, se modifica la Resolución 2057 del IGAC, extienden plazos de pronto pago y descuentos hasta junio ante el Concejo. El gobernador Juvenal Díaz y MinInterior Armando Benedetti avalaron los pactos.
Rol de líderes y autoridades
El gobernador Juvenal Díaz, el alcalde de Lebrija Gabriel Martínez y ocho líderes campesinos fueron clave, viajando a Bogotá para negociar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó los pactos en Bucaramanga, anunciando mesas con alcaldes y voceros.
Costo económico del paro
Gremios como Fenalco y la Alianza por Santander estiman pérdidas diarias de $120.000 millones, totalizando $600.000-$720.000 millones en 6 días. Mercancía represada superó $2.700 millones, con 60 vuelos cancelados (7.500 pasajeros afectados) y 57 millones de aves en riesgo.
