En un encuentro que reflejó la creciente tensión entre las regiones y el Gobierno Nacional, 17 gobernadores —incluido el mandatario de Santander, MG (r) Juvenal Díaz Mateus— se reunieron este lunes con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para expresar sus preocupaciones frente a los efectos de la declaratoria de emergencia económica.
La cita, convocada por el Ministerio de Hacienda, tuvo como eje central el análisis de las implicaciones fiscales del decreto presidencial, especialmente en lo relacionado con los tributos a productos como licores y cigarrillos, que constituyen una fuente clave de financiación para los departamentos.
Preocupación por las rentas territoriales
Durante la reunión, varios gobernadores manifestaron su inquietud por el posible debilitamiento de las finanzas regionales. En el caso de Santander, el gobernador Díaz Mateus insistió en la necesidad de proteger los ingresos derivados del consumo de productos gravados, fundamentales para sostener programas sociales y de salud pública en el departamento.
El ministro Ávila, por su parte, aseguró que la emergencia económica no implicará una reducción de los ingresos departamentales. Explicó que se implementará una fórmula basada en los recaudos de 2025, ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2026, con el fin de garantizar la estabilidad fiscal de las regiones.
Contrabando y control fiscal: temas clave
Uno de los puntos más sensibles abordados fue el riesgo de incremento en el contrabando, especialmente de licores y cigarrillos, ante un eventual aumento en los impuestos al consumo. Los gobernadores advirtieron que esta situación podría agravar la evasión fiscal y afectar la competitividad de los productos legales.
El ministro reconoció la preocupación y anunció que se están diseñando mecanismos de control más estrictos en coordinación con la DIAN y la Policía Nacional. Parte de los recursos generados por la emergencia, dijo, se destinarán al fortalecimiento de la infraestructura de la fuerza pública para combatir el comercio ilegal.
Líneas de acción y advertencias
Como resultado del encuentro, el Gobierno propuso tres medidas inmediatas:
• Instalación de mesas técnicas con las regiones para evaluar los impactos de la emergencia.
• Monitoreo mensual de los efectos fiscales en los departamentos.
• Seguimiento riguroso al cumplimiento de las disposiciones adoptadas.
Ávila también reiteró que Colombia es un Estado centralizado y que los decretos expedidos durante la emergencia deben ser acatados por todas las entidades territoriales. En ese sentido, hizo un llamado a los organismos de control para que actúen frente a posibles desacatos.
Gobernadores buscan una postura común
Aunque el Gobierno insiste en que no habrá afectaciones a las rentas territoriales, varios mandatarios —entre ellos los de Antioquia, Valle del Cauca y Tolima— han solicitado a la Corte Constitucional que revise la legalidad del decreto, especialmente en lo relacionado con el impuesto al consumo.
Mientras tanto, los gobernadores continúan deliberando para construir una posición unificada frente al Ejecutivo. En Santander, el equipo del gobernador Díaz Mateus ya analiza escenarios jurídicos y fiscales para garantizar que los recursos del departamento no se vean comprometidos.
