El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, expresó su preocupación por el estancamiento del Convenio de los Comuneros, un megaproyecto vial que busca conectar los departamentos de Boyacá, Santander y Cesar.
“Hay un inconformismo grande de la comunidad porque no se ha arreglado la vía”, afirmó el mandatario, señalando que, a pesar de las promesas del Gobierno Petro, el departamento quedó por fuera del documento CONPES que define los lineamientos técnicos y financieros para la ejecución de obras estratégicas.
El convenio, firmado en diciembre de 2024 en Curití, con bombos y platillos contempla una inversión de 2,4 billones de pesos a lo largo de 20 años, financiada principalmente con el recaudo de seis peajes ubicados en la troncal nacional entre Zipaquirá y San Alberto. Sin embargo, siete meses después de la firma, los recursos siguen sin ser ejecutados en su totalidad y no se han iniciado las obras previstas para mejorar el corredor vial entre Puente Nacional y Bucaramanga. ¿Promesas solo promesas?
La secretaria de Infraestructura departamental, Jesica Mendoza, explicó que aunque se abrió una licitación en abril para contratar una entidad financiera que respalde el proyecto, el único proponente fue Enterritorio y desde entonces no se ha avanzado. “Desde ahí no hay nada”, señaló Mendoza, subrayando que el primer paso para activar el convenio es asegurar el respaldo bancario que permita ejecutar las obras con garantía de pago a través de los peajes.
Ante esta situación, la Gobernación de Santander y los alcaldes de la provincia sur han conformado un frente común para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de los compromisos pactados. La comunidad, por su parte, continúa manifestando su inconformismo por el deterioro de las vías y la falta de soluciones concretas.
Llamado a la participación ciudadana
Ante la falta de avances en el Convenio de los Comuneros y la exclusión de Santander del CONPES, la ciudadanía está llamada a ejercer una vigilancia activa sobre los compromisos del Gobierno Nacional. La Gobernación ha instado a los líderes locales, veedurías comunitarias y medios de comunicación a mantener el seguimiento constante del proyecto, exigir transparencia en la ejecución de recursos y garantizar que las voces de las comunidades afectadas sean escuchadas.
La vía no solo conecta territorios: conecta esperanzas, economías y derechos. Por eso, cada habitante tiene el poder de exigir que las promesas se conviertan en obras, y que el desarrollo no pase de largo por Santander.
