Ante los recientes debates nacionales sobre la legalidad de los tributos destinados a financiar la seguridad ciudadana—intensificados por la sentencia del Consejo de Estado del 17 de julio de 2025—la Gobernación de Santander aclara que la Tasa Especial para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, creada por la Ordenanza No. 015 del 29 de abril de 2025, cuenta con pleno respaldo constitucional y legal.
A diferencia de otras ordenanzas anuladas por falta de elementos esenciales como hecho generador o sujeto pasivo, esta tasa se fundamenta en la Ley 2272 de 2022. Dicha ley, vigente y posterior a los actos anulados, establece de forma explícita los parámetros tributarios que habilitan a los entes territoriales a implementar mecanismos fiscales orientados al fortalecimiento del orden público.
Esta disposición legislativa nació a raíz de la Sentencia C-101 de 2022 de la Corte Constitucional, y fue ratificada por la Sentencia C-363 de 2023. En esta última, la Corte reafirmó que el tributo no vulnera principios como la legalidad ni la irretroactividad, estableciendo además su aplicabilidad sin restricciones a nivel territorial.
La Gobernación enfatiza que la tasa cumple con todos los requisitos exigidos por el orden jurídico colombiano: legalidad, certeza, destinación específica y configuración normativa adecuada. Así, se constituye como una herramienta fiscal legítima y necesaria para fortalecer la seguridad y la convivencia en el departamento.
