La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a tres exfuncionarios de la Gobernación de Santander y a un particular como presuntos responsables de las irregularidades detectadas en los contratos de obra 766 y de interventoría 1031 de 2015, mediante los cuales se buscaba reforzar estructuralmente los escenarios de la Villa Olímpica de Bucaramanga.
Los acusados son: la entonces supervisora de contrato, la ingeniera Ana Lucía Wandurraga Ballesteros, por el delito de prevaricato por omisión; el abogado de la Secretaría de Infraestructura, Édgar Fabián Báez Ariza, por interés indebido en la celebración de contratos; el asesor jurídico de la Secretaria de Infraestructura, Sergio Andrés Pitta Rueda, por interés indebido en la celebración de contratos y concusión; y el contratista Octavio Reyes Sarmiento por peculado por apropiación.
El contrato de obra, con sus prórrogas, tuvo un valor total de 22.000 millones, de los cuales el 16%, al parecer, se comprometió para el pago de dádivas. Los elementos de prueba indican que el contratista, al parecer, obtuvo previamente información privilegiada que le permitió mejorar su oferta y ajustarla al pliego de condiciones.
Adicionalmente, se estableció que le habrían reconocido anticipos y adiciones presupuestales por actividades que nunca se realizaron, y por subcontratar a personas y empresas que no participaron en el proyecto. De esta manera, recibió 4.374 millones de pesos, de los cuales se habría apropiado de 1.889 millones de pesos.
Con relación al abogado Báez Ariza, la Fiscalía conoció que estaría involucrado en el direccionamiento del contrato de obra y la entrega al señor Reyes Sarmiento de datos sobre cantidades de obra y presupuesto para que ajustara su propuesta. De otra parte, el abogado Pitta Rueda es señalado de gestionar la adición presupuestal del proyecto y de solicitar más de 13 millones de pesos a la interventoría para cambiar la modalidad de pago.
Finalmente, la ingeniera Wandurraga Ballesteros, en su condición de supervisora, no advirtió en sus informes el uso inadecuado del anticipo y la demora en la ejecución de las obras.
