En un fallo de primera instancia, el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a cinco exfuncionarios de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y a un contratista por su participación en el escándalo de corrupción conocido como Vitalogic, ocurrido durante la administración del exalcalde Rodolfo Hernández Suárez.
Los condenados son:
• José Manuel Barrera Arias, exgerente de la EMAB: 11 años y 10 meses de prisión.
• Rubén Enrique Amaya Vanegas, exjefe de Disposición Final: 13 años y 1 mes.
• César Augusto Fontecha Rincón, exjefe jurídico: 12 años y 7 meses.
• Abelardo Durán Leyva, exsubgerente Técnico Operativo: 12 años y 2 meses.
• Abigail León Nieves, exsubgerente Administrativa y Financiera: 12 años y 2 meses.
• Jorge Hernán Alarcón Ayala, contratista: 9 años y 10 meses de prisión domiciliaria por razones de salud.
El juez Juan Carlos Morales Meléndez negó cualquier beneficio de prisión domiciliaria o suspensión condicional de la pena, ordenando la captura inmediata de los implicados una vez el fallo quede en firme.
La Fiscalía demostró que el contrato de consultoría 096 de 2016, destinado a implementar nuevas tecnologías en el relleno sanitario El Carrasco, fue direccionado para favorecer al contratista Alarcón. Además, se comprobó la falsificación de documentos públicos y privados, así como la simulación de competencia mediante propuestas falsas de otros ingenieros.
Este caso también involucra al exalcalde Rodolfo Hernández, quien fue condenado en primera instancia por su presunta intervención en la planeación y adjudicación del contrato.
El abogado del exgerente Barrera anunció que apelarán la decisión, mientras que la EMAB, ahora bajo supervisión directa, continúa con la operación del relleno sanitario a través de la Unión Temporal Secons.
Aunque el proyecto Vitalogic nació con una intención legítima: tecnificar el manejo de residuos sólidos en Bucaramanga y buscar soluciones innovadoras para el relleno sanitario El Carrasco, la corrupción se interpuso en el camino. La manipulación de procesos, el direccionamiento contractual y la falsificación de documentos terminaron por desvirtuar el propósito inicial, enredando no solo a funcionarios de la EMAB, sino también al entonces alcalde, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez (q.e.p.d), quien hoy enfrenta una condena en primera instancia por su presunta participación en la planeación del contrato. El caso deja una lección profunda sobre cómo las buenas ideas pueden naufragar cuando se vulneran los principios de transparencia y legalidad.
