Una investigación de la Revista Semana ha destapado uno de los escándalos más indignantes en la administración de la Unidad para las Víctimas, entidad encargada de atender a más de diez millones de colombianos afectados por el conflicto armado. El epicentro del escándalo: el senador santandereano Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, quien habría convertido esta institución en un fortín político al servicio de su clan y de intereses electorales.

Según Semana, el Gobierno de Gustavo Petro entregó el control de la Unidad como parte de un acuerdo político con Moreno, quien ha respaldado las principales reformas del Ejecutivo en el Congreso. A cambio, el senador habría instalado en cargos clave a aliados sin experiencia, algunos con vínculos cuestionables, y otros incluso investigados por presuntos nexos con grupos armados ilegales.

Entre los nombramientos más polémicos está el del director general Adith Rafael Romero Polanco, exescolta y exfuncionario de Barrancabermeja, sin trayectoria en temas de víctimas. También figuran Luis Gabriel Taboada, Francisco Yesid Triana, Carlos Arturo Vásquez, y Fredy Orlando Quintero, este último investigado por la Fiscalía por presunta financiación al ELN durante su alcaldía en Chitagá.

La Contraloría y la Procuraduría ya han anunciado investigaciones disciplinarias y fiscales por presuntas irregularidades en contratación, sobrecostos, y posible desvío de recursos para campañas políticas de cara a las elecciones de 2026. Se han denunciado pagos inflados por servicios básicos, rituales indígenas por millones de pesos, y presiones a funcionarios que se oponen a este desangre del erario.

Este caso no solo pone en entredicho la transparencia del Gobierno y del Congreso, sino que hiere profundamente la dignidad de las víctimas del conflicto, muchas de las cuales aún esperan reparación, verdad y garantías de no repetición.

Llamado a la acción

Ante esta denuncia, el llamado es urgente: que las víctimas del conflicto armado, sus organizaciones, y la ciudadanía en general se pronuncien. Que exijan a los entes de control una investigación rigurosa, sanciones ejemplares, y la recuperación ética de una entidad que no puede seguir siendo botín político.

La memoria de quienes han sufrido la guerra no puede ser administrada por quienes la instrumentalizan. Colombia merece una Unidad para las Víctimas que repare, no que revictimice.

El 7 de agosto de 2022, durante su posesión como presidente de la República, Gustavo Petro prometió combatir la corrupción y gobernar con transparencia. Hoy, esa promesa se tambalea ante la entrega de la Unidad para las Víctimas —una entidad con un presupuesto superior a 4,5 billones de pesos— a un senador sin trayectoria en el tema, rodeado de fichas cuestionadas y con presuntos intereses clientelistas. ¿Cómo se explica que los recursos destinados a reparar a las víctimas del conflicto armado terminen en manos de un clan político que, según denuncias, estaría usando la entidad como caja menor para sus campañas? Los santandereanos honestos, que han luchado por la dignidad de su región, no pueden sino sentir vergüenza ante estos personajillos que llegan a la política a robarse todo lo que pase por su lado, traicionando la memoria de quienes han sufrido la guerra.