Comunidades locales y transportadores de Santander no bajan la guardia: hoy se cumplen seis meses de la protesta que mantiene abiertos los peajes de Oiba, Curití y Pescadero en la ruta Bucaramanga-Bogotá. La medida busca forzar al Gobierno nacional a cumplir promesas de inversión en el corredor vial Zipaquirá-Santander-San Alberto, conocido como Vía de los Comuneros, ante el grave deterioro de la carretera que une el centro del país con la costa Caribe.
La manifestación arrancó el 6 de octubre de 2025 y se mantiene firme, impulsada por el descontento con la falta de mantenimiento y obras de seguridad. En 2024, los peajes recaudaron más de 113 mil millones de pesos, con el compromiso de reinvertirlos durante cinco años en rehabilitación, estudios y mejoras. Sin embargo, hasta ahora no hay acciones concretas, pese a múltiples mesas de diálogo.
Voces como la de Luisa Grass, líder del movimiento, insisten en no ceder. «Seguiremos con las talanqueras arriba hasta ver compromisos reales, con fechas, recursos y resultados tangibles. No más esperas vacías», declaró. Recordemos que en octubre pasado, un hundimiento entre Oiba y Barbosa obligó a cerrar la vía, agravando las quejas por su estado recurrente.
A esto se suma una nueva polémica: el Instituto Nacional de Vías (Invías) retiró del Secop la licitación para terminar la variante de San Gil, una obra clave con 66.495 millones de pesos para ejecución y 3.500 millones para interventoría. Incluía un viaducto inconcluso que conectaría tramos vitales y formaba parte de los acuerdos con las comunidades.
Jessica Juliana Mendoza, secretaria de Infraestructura de Santander, expresó alarma: «Era un compromiso explícito del corredor de los Comuneros, visible en el Secop hasta su retiro repentino». Aunque algunos segmentos viales han mejorado, la carretera demanda más recursos para garantizar movilidad y seguridad.
La Gobernación de Santander responde con acción: enviará un oficio urgente a Invías exigiendo explicaciones y respuestas claras en la mesa técnica del 15 de abril en Curití. Mendoza criticó la ausencia de una hoja de ruta nacional, pese a las reuniones sostenidas.
Este pulso refleja el malestar creciente por una de las rutas más estratégicas del país, sin señales claras de solución a la vista.
