Con un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que atiendan con urgencia las problemáticas que han surgido en las provincias a causa de la fuerte temporada de lluvias, los diputados de Santander iniciaron sesiones extraordinarias desde este miércoles.
El diputado Hugo Cardozo Rueda presentó varias imágenes que evidencian las malas condiciones estructurales de la sede A de la Institución Educativa ColMercedes en Lebrija, la más importante de ese municipio y que alberga a más de 4.000 estudiantes que decidieron hacer un cese indefinido de sus actividades académicas por falta de atención y respuestas de la administración local ante esta situación que pone en riesgo su integridad.
El diputado Giovanni Leal Ruiz corroboró las denuncias de su homólogo, dialogó con los estudiantes y padres de familia, advirtió sobre los riesgos y posible afectación a la salud que podrían surgir a causa de la humedad que se apoderó del inmueble.
Por su parte, el diputado Oscar Sanmiguel Rodríguez tomó la vocería de los habitantes rurales del municipio de Carmen de Chucurí y el sector de Juan Bosco Laverde, afectados por 2 avalanchas de lodo y tierra que afectaron la vía de comunicación entre estas comunidades y solicitó la pronta presencia de una delegación de la Secretaría de Infraestructura del departamento y la Dirección de Gestión del Riesgo para la realización de labores y obras de mitigación.
Finalmente, Elizabeth Lobo Gualdrón, Secretaria de Hacienda de Santander y delegada del Gobernador Aguilar Hurtado para la instalación de este cuarto periodo de sesiones extraordinarias, manifestó que los Proyectos de Ordenanza radicados permitirán dar celeridad y tramite a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Departamental y la oportuna respuesta a los sectores de Educación y Salud.
A través del Decreto 386 de 2022, el Ejecutivo Seccional presentó siete iniciativas relacionadas con la adición presupuestal para las Unidades Tecnológicas de Santander, el reglamento interno de la Asamblea Departamental, fijar la estructura administrativa de la Contraloría General de Santander y la solicitud de facultades para comprometer vigencias futuras.
