Desde enero de 2025, más de 78.000 personas han sido desplazadas por la intensificación del conflicto armado entre el ELN y las disidencias del Frente 33 en Tibú y El Tarra. La Defensoría advierte sobre una grave vulneración de derechos humanos y llama a una respuesta urgente del Estado.
La Defensoría del Pueblo emitió un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para atender de manera inmediata la crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander. Desde el 16 de enero de 2025, los municipios de Tibú y El Tarra han sido epicentro de enfrentamientos armados, desplazamientos masivos y confinamientos que han puesto en riesgo a miles de personas.
El 29 de octubre, la entidad emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, advirtiendo sobre el recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33 y el Bloque Magdalena Medio, así como sobre la consolidación del control territorial por parte del ELN. Esta situación ha derivado en una estructura de poder paralela que impone normas de conducta, restringe la movilidad y expone a la población a extorsiones, reclutamiento forzado y desplazamientos.
La Defensoría identificó zonas de alto riesgo en la cabecera urbana de Tibú, así como en los corregimientos de Campo Dos, Pachelli y La Gabarra, y en veredas como Versalles, Oru 7, Campo Seis y Caño Indio. La coexistencia de economías legales e ilegales, sumada a la débil presencia institucional, ha agravado la situación.
En este contexto, la implementación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el Frente 33, autorizada por el Gobierno en mayo y prorrogada en diciembre, ha generado incertidumbre. El grupo armado ha expresado dudas sobre su operatividad, mientras los enfrentamientos con el ELN no cesan, especialmente en Tibú.
Hechos recientes agravan la emergencia
Desde el 14 de diciembre, nuevos combates en la vereda La Angalia han provocado el desplazamiento de al menos 74 familias. En Pachelli, un evento de confinamiento afecta a cerca de 6.000 personas, mientras que en Filo Gringo continúan los ataques con drones, impidiendo la movilidad de las comunidades. Entre el 22 y el 26 de diciembre, 223 personas fueron desplazadas desde la vereda Kilómetro 16, y el 28 de diciembre se reportaron nuevos combates en El Tarra.
La Defensoría ha activado rutas de atención y ha participado en comités de justicia transicional, pero advierte que las alcaldías de Cúcuta y Tibú enfrentan serias limitaciones presupuestales y logísticas para atender la emergencia. Además, se reporta un subregistro de eventos por la imposibilidad de acceso institucional a zonas en conflicto.
Recomendaciones urgentes
La Defensoría del Pueblo exhorta:
1. A las alcaldías de Cúcuta y Tibú, junto con la Unidad para las Víctimas, a fortalecer la atención humanitaria inmediata, incluyendo censos, entrega de ayudas, alojamiento y kits de emergencia.
2. A la Unidad para las Víctimas, a garantizar una respuesta eficaz ante la magnitud de la crisis.
3. Al Ministerio del Interior, a implementar sin dilaciones las recomendaciones de la Alerta Temprana 017 de 2025.
4. A la Consejería Comisionada de Paz, a evaluar con cautela la operatividad de la ZUT y exigir medidas de desescalamiento al Frente 33.
5. A los grupos armados ilegales, a cesar de inmediato las hostilidades, respetar el Derecho Internacional Humanitario y permitir corredores humanitarios para proteger a la población civil.
La situación en el Catatumbo exige una respuesta decidida, coordinada y con enfoque territorial. La vida y dignidad de miles de personas están en juego.