Bogotá, noviembre 25 de 2025 — La Defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su profunda preocupación ante la reciente información divulgada sobre presuntos vínculos entre miembros del denominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) —“Jorge Suárez Briceño”, Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte” y Frente “Comandante Raúl Reyes”— y funcionarios de la Fuerza Pública y del Estado. La entidad hizo un llamado urgente a reflexionar sobre las bases y la finalidad del proceso de paz que se adelanta con este grupo armado.
Dos imágenes contrapuestas del proceso
La Defensoría advierte que el país enfrenta dos narrativas opuestas: una formal, que recoge los compromisos asumidos en la mesa de diálogo —como la suspensión del reclutamiento, la concentración en zonas temporales y gestos humanitarios como la liberación de personas secuestradas—, y otra territorial, marcada por el aumento de integrantes del EMBF, la expansión de su control poblacional y la persistencia del reclutamiento de menores.
A esto se suman declaraciones públicas de comandantes y voceros del grupo que ponen en duda su voluntad de desarme, así como el informe reciente de Caracol TV que plantea presuntos planes contrarios al camino de la paz.
Facultades presidenciales y exigencia de garantías
La Defensoría recordó que el Presidente de la República tiene la facultad constitucional de impulsar procesos de paz, incluyendo la suspensión de órdenes de captura. Sin embargo, subrayó que esta prerrogativa exige protocolos estrictos para evitar su uso indebido. El caso ocurrido en Anorí, en julio de 2024, donde se verificó el traslado de integrantes sin autorización, junto con armas, dinero y un menor de edad, genera serias dudas sobre el cumplimiento de estas garantías.
Presuntos nexos y exigencia de investigaciones
La situación se agrava con las revelaciones sobre presuntos nexos entre el EMBF y miembros de la Fuerza Pública, así como altos funcionarios del Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia. De confirmarse, se pondría en entredicho la integridad del proceso de paz. Por ello, la Defensoría instó a la Fiscalía y la Procuraduría a adelantar investigaciones penales y disciplinarias con celeridad, independencia y transparencia, y recomendó evaluar el retiro de funciones de quienes pudieran estar comprometidos.
El país exige hechos de paz
“La paz no puede construirse sobre la duda ni el sufrimiento de la población civil”, afirmó Marín. La Defensoría exigió al EMBF la liberación inmediata, masiva e incondicional de todos los niños, niñas y adolescentes reclutados en sus filas, y reiteró la necesidad de contar con mecanismos sólidos de verificación que permitan evaluar el cumplimiento real de los compromisos asumidos.
