La decisión de Daniel Quintero de apartarse de la consulta presidencial del Pacto Histórico ha encendido una fuerte controversia dentro del movimiento. Según declaraciones recientes de Gustavo Bolívar, el retiro del exalcalde de Medellín no solo responde a dificultades jurídicas, sino también a un debilitamiento en su respaldo ciudadano.

Bolívar, exsenador y figura clave del bloque progresista, reveló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habría generado obstáculos que ponen en riesgo la participación del ganador de la consulta en la contienda del Frente Amplio prevista para marzo de 2026. La negativa del CNE a otorgar personería jurídica al Pacto Histórico y a inscribir su símbolo electoral transformó el proceso en una consulta interpartidista, lo que podría impedir que el vencedor acceda a la siguiente fase electoral.

“El CNE está entramando el proceso. Si seguimos así, el candidato que gane no podrá competir en marzo”, advirtió Bolívar.

A este panorama se suma el resultado de una encuesta privada del Centro Nacional de Consultoría, en la que Quintero habría quedado en tercer lugar, detrás de sus compañeros de fórmula. Bolívar atribuyó esta caída a los escándalos recientes que han afectado la imagen del exalcalde y mermado su capital político.

La combinación de un escenario legal incierto y una pérdida de apoyo popular habría sido determinante para que Quintero se apartara de la contienda. Su salida deja en suspenso el futuro de los otros precandidatos, Iván Cepeda y Carolina Corcho, quienes ahora enfrentan el dilema de continuar o no en un proceso que podría dejarlos jurídicamente inhabilitados.

“No se pueden hacer dos consultas interpartidistas. Estarían cometiendo un error”, insistió Bolívar, proponiendo retomar el mecanismo de encuestas internas como vía para definir la candidatura presidencial del movimiento.
La tensión interna se ha intensificado, y Bolívar no descarta volver a aspirar a la Presidencia si la consulta del 26 de octubre se cancela. “Estoy en stand by”, declaró, a la espera de una definición clara por parte del CNE.

La fractura en el Pacto Histórico pone en riesgo la unidad del bloque progresista de cara a las elecciones de 2026. La idea de llegar con una candidatura única a la primera vuelta parece desvanecerse en medio de un laberinto jurídico y político que, según Bolívar, fue advertido desde hace tres años.

Aunque sectores del progresismo acusan al Consejo Nacional Electoral de obstaculizar la consulta presidencial del 26 de octubre, expertos constitucionalistas aclaran que el organismo está actuando conforme a la ley. La negativa a reconocer la personería jurídica del Pacto Histórico y a permitir el uso de su logo en los tarjetones responde a fallas administrativas en el proceso de consolidación legal de la coalición, especialmente por no cumplir con los requisitos exigidos por la Constitución y la ley electoral para ser reconocida como partido o movimiento con personería jurídica propia.