La Corte Constitucional dejó sin efecto la intervención administrativa que el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Salud, había impuesto a la EPS Sanitas desde abril de 2024. La decisión responde a una acción de tutela interpuesta por la empresa y sus filiales, en la que se alegó vulneración al debido proceso y falta de garantías judiciales durante la toma de control estatal.

Con esta sentencia, el alto tribunal anuló las resoluciones que ordenaban y prorrogaban la intervención, lo que implica que Sanitas recupera su autonomía operativa y administrativa.

En Santander, la EPS cuenta con más de 379.000 afiliados, quienes han manifestado preocupación por la calidad del servicio desde que inició la intervención. Durante ese periodo, se incrementaron las tutelas, peticiones, quejas y reclamos (PQR), y se reportó un deterioro en los estándares de oportunidad y calidad en la atención, según voceros del grupo Keralty, propietario de la EPS.

Ahora, con la decisión de la Corte, se abre una nueva etapa en la que se espera que Sanitas recomponga sus procesos, fortalezca su red de atención y recupere la confianza de los usuarios, especialmente en regiones como Santander, donde la EPS tiene una alta cobertura.

Representantes de la compañía anunciaron que en los próximos días se implementarán medidas para restablecer la operatividad plena y garantizar la continuidad del servicio a sus afiliados.