El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto con el que el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026, mientras resuelve varias demandas que cuestionan la forma como se definió el incremento del 23%.
La decisión congela, por ahora, los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que había establecido el salario básico en 1.750.905 pesos y un auxilio de transporte que completaba un ingreso de dos millones de pesos para quienes tienen derecho a este beneficio.
La medida fue adoptada por la Sección Segunda del alto tribunal dentro de un proceso de nulidad en el que confluyen demandas presentadas por ciudadanos, gremios empresariales y organizaciones como Fenalco, que cuestionan la solidez técnica y jurídica del llamado “salario mínimo vital” decretado para este año.
Los demandantes aseguran que el aumento se fijó sin seguir de manera estricta los parámetros legales habituales —inflación, productividad, crecimiento económico y empleo— y que, en cambio, se basó en una fórmula extraordinaria para cerrar la brecha entre el mínimo vigente y una estimación de salario vital hecha por la Organización Internacional del Trabajo.
En su decisión, el Consejo de Estado dejó claro que la suspensión es temporal y no supone todavía un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del decreto, pero sí busca evitar que el proceso pierda sentido mientras se estudia de fondo la validez del aumento.
El tribunal también ordenó a las entidades demandadas adoptar una fijación sustitutiva del salario mínimo para 2026 como medida administrativa transitoria, con el fin de proteger los derechos de los trabajadores y dar seguridad jurídica a empleadores y al sistema económico.
El gobierno del presidente Gustavo Petro había presentado el incremento como un ajuste histórico, que llevó el ingreso mínimo total a dos millones de pesos mensuales y rompió con la tendencia de aumentos más moderados de años anteriores.
La decisión del Consejo de Estado reabre el debate sobre el alcance de la intervención del Ejecutivo en la definición del salario mínimo y anticipa una batalla jurídica que será clave para trabajadores, empresas y el futuro de la política laboral en el país.
