En un fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal Administrativo de Santander y dejó en firme la elección de José Fernando Sánchez como alcalde de Floridablanca para el periodo 2024-2027.

La demanda de nulidad electoral había sido presentada por Jesús Orlando Tangarife, quien argumentó que Sánchez recibió financiación irregular durante su campaña para las elecciones regionales de 2023. Sin embargo, el alto tribunal determinó que no existían méritos suficientes para anular su elección, desestimando las acusaciones de financiación prohibida.

El Tribunal Administrativo de Santander ya había fallado a favor del mandatario local el 13 de diciembre de 2024, concluyendo que los aportes económicos realizados por su tío, César Augusto Sánchez, no configuraban una causal de nulidad electoral según la legislación vigente.

Con esta decisión, José Fernando Sánchez podrá continuar en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2027, consolidando su gestión en Floridablanca. El Consejo de Estado también revocó un apartado técnico del fallo de primera instancia, pero confirmó la validez de la elección del actual mandatario local.

Los alcaldes de Bucaramanga, Girón y Piedecuesta enfrentan procesos judiciales por presunta doble militancia en las elecciones regionales de 2023.

• Bucaramanga: El Tribunal Administrativo de Santander anuló en primera instancia la elección de Jaime Andrés Beltrán, argumentando que apoyó a candidatos de otros partidos mientras pertenecía a la coalición Defendamos Bucaramanga. Beltrán apeló la decisión ante el Consejo de Estado, esperando revertir el fallo y continuar en el cargo.
• Girón: Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón, también fue demandado por doble militancia. La acción legal fue presentada por el senador Fabián Díaz Plata y Mauricio Gómez Niño. Aunque el fallo en su contra fue emitido, Ramírez apeló la decisión para intentar mantenerse en el cargo.
• Piedecuesta: El Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección de Óscar Javier Santos Galvis, quien fue avalado por el Partido Liberal pero respaldó públicamente a candidatos de otras colectividades. Santos puede apelar ante el Consejo de Estado, lo que le permitiría seguir en funciones mientras se resuelve el proceso.

Estos casos han generado incertidumbre política en el área metropolitana de Bucaramanga, mientras los mandatarios esperan una decisión definitiva en segunda instancia.

Los procesos judiciales contra los alcaldes de Bucaramanga, Girón y Piedecuesta han generado incertidumbre política y social en el área metropolitana. Aquí algunos de los impactos más relevantes:

La mayor incertidumbre es la Inestabilidad gubernamental, ante la posible salida de los mandatarios afecta la continuidad de proyectos clave en infraestructura, seguridad y desarrollo social. Además, de la desconfianza ciudadana dado que la población percibe estos procesos como señales de irregularidades en el sistema electoral, lo que puede debilitar la confianza en las instituciones.

De igual manera el impacto económico, aten la incertidumbre política que puede frenar inversiones y afectar el crecimiento económico local y la movilización social que, diferentes sectores han expresado apoyo o rechazo a los fallos judiciales, generando debates y protestas en la región.

Según el Informe de Calidad de Vida del Área Metropolitana de Bucaramanga, presentado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la deserción escolar ha aumentado en Piedecuesta, la pobreza sigue siendo un desafío y la tasa de homicidios preocupa a los ciudadanos. Además, los alcaldes han participado en espacios de diálogo sobre estos retos.

Para evitar casos de doble militancia en futuras elecciones y evitar desgastes en las administraciones, las campañas de los candidatos deben tomar medidas preventivas y cumplir estrictamente con la normativa electoral. Algunas acciones clave incluyen:
• Cumplimiento legal: Asegurar que los candidatos y sus equipos conozcan y respeten las disposiciones sobre doble militancia establecidas en el artículo 107 de la Constitución y la Ley 1475 de 2011.
• Transparencia en apoyos: Evitar respaldos públicos a candidatos de otros partidos o movimientos políticos, especialmente en eventos proselitistas.
• Capacitación electoral: Formar a los equipos de campaña en normativas de afiliación y apoyo político para evitar errores que puedan derivar en nulidades.
• Supervisión interna: Implementar mecanismos de control dentro de los partidos para garantizar que los candidatos actúen conforme a las reglas de militancia.
• Reforma legislativa: Impulsar una reglamentación más clara sobre coaliciones políticas y doble militancia para reducir la incertidumbre jurídica en futuras elecciones.

Estas medidas pueden fortalecer la confianza en el sistema electoral y reducir la inestabilidad política en municipios y departamentos

Algunas campañas políticas han logrado evitar la doble militancia mediante estrategias claras y cumplimiento riguroso de la normativa electoral. Aquí algunos ejemplos y enfoques exitosos:

Hacer coaliciones bien estructuradas, donde en Colombia, colectividades como, el Partido Verde han trabajado en alianzas transparentes, asegurando que sus candidatos respeten las reglas de militancia y no apoyen aspirantes de otras colectividades.

Por ejemplo, aplicar renuncias oportunas; algunos políticos han evitado sanciones renunciando con suficiente anticipación a su partido antes de postularse por otro movimiento, cumpliendo con los plazos establecidos en la Ley 1475 de 2011. Por otra parte, la regulación interna de partidos: Movimientos como Dignidad han implementado mecanismos internos para evitar que sus miembros incurran en doble militancia, asegurando que los candidatos mantengan coherencia con la plataforma política que los respalda y la capacitación electoral, que, en algunas campañas han priorizado la formación de sus equipos en normativas de afiliación y apoyo político, reduciendo el riesgo de errores que puedan derivar en nulidades.

«Con este fallo, José Fernando Sánchez consolida su mandato hasta el 31 de diciembre de 2027, garantizando la continuidad de los proyectos y estrategias de desarrollo para Floridablanca. La ratificación de su elección por el Consejo de Estado despeja cualquier incertidumbre jurídica sobre su administración, permitiéndole enfocar sus esfuerzos en la ejecución de su plan de gobierno y el bienestar de la comunidad.»