Más de 1.500 hectáreas que estaban en manos de grupos ilegales serán entregadas a campesinos en Santander, como parte de la Reforma Agraria del Gobierno Nacional. Aunque la recuperación es histórica, los beneficiarios advierten sobre la baja fertilidad de los terrenos y la necesidad de apoyo técnico para aprovecharlos.

Las tierras entregadas presentan dificultades para el cultivo

Si bien la entrega de tierras es un avance significativo, varias comunidades han manifestado su preocupación. Muchos de los terrenos recuperados tienen baja fertilidad y no son aptos para cultivos o ganadería. En algunas regiones, los campesinos han encontrado humedales, lo que dificulta aún más la producción agrícola. Además, denuncian que no han recibido insumos ni asistencia técnica, lo que los deja en una situación de incertidumbre, sin posibilidad de sembrar o generar ingresos.

El papel de los campesinos en la recuperación del campo

Para evitar depender únicamente de las ayudas estatales, los campesinos pueden fortalecer su autonomía de diversas maneras:
Organización comunitaria: La creación de cooperativas les permite gestionar recursos, comercializar productos y acceder a financiamiento.

Uso de técnicas sostenibles: Métodos como la agricultura regenerativa y la reforestación pueden mejorar la calidad del suelo y hacerlo productivo.

Diversificación productiva: En lugar de depender solo de cultivos tradicionales, pueden explorar la ganadería sostenible, el ecoturismo y proyectos de energía renovable.

Gestión de redes de apoyo: Vincularse con instituciones académicas y organizaciones que puedan ofrecer capacitaciones y asesoría técnica.

El éxito de la Reforma Agraria dependerá no solo de la entrega de tierras, sino del acompañamiento adecuado para garantizar que los campesinos puedan aprovecharlas de manera sostenible. Por ahora, el Gobierno continúa con operativos en Santander, mientras los beneficiarios esperan respuestas y soluciones ante las dificultades que enfrentan.

«La entrega de tierras a las víctimas del conflicto armado en Santander representa un paso crucial hacia la reparación y la justicia, permitiendo a cientos de familias recuperar lo que les fue arrebatado por la violencia. A pesar de los desafíos legales y las disputas sobre la propiedad, este proceso reafirma el compromiso del Estado con la restitución de derechos y la garantía de no repetición. Sin embargo, el reto continúa: más allá de la devolución de los territorios, es esencial garantizar condiciones de seguridad, acompañamiento y acceso a recursos que permitan a estas comunidades reconstruir su vida con dignidad. Solo así se podrá transformar la tragedia del desplazamiento en una oportunidad para la reconciliación y el desarrollo sostenible.»