El Ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orjuela destacó este martes la aprobación que le dio la plenaria del Senado de la República, en cuarto y último debate, al proyecto de ley estatutaria de reforma a la Administración de Justicia.
El proyecto obtuvo 68 votos y pasa a conciliación de las plenarias de Cámara y Senado. Cumplido este trámite pasa a revisión de la Corte Constitucional y, finalmente, a sanción presidencial.
El Ministro resaltó que la iniciativa es fruto del trabajo concertado con las altas cortes, modifica la Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Justicia y permite dar respuesta a problemáticas de funcionamiento y transformación digital que se han presentado durante los últimos 25 años.
De esa forma, el proyecto brinda herramientas legales para agilizar trámites y servicios judiciales, lo mismo que introducir el expediente digital en todas las ramas del derecho.
“Si bien esta reforma no entrega todas las respuestas a las necesidades de justicia, sí es la vía correcta para encontrar salidas a la problemática que actualmente afronta su administración, pues responde a las necesidades de la ciudadanía y al reconocimiento de sus derechos”, destacó el titular de la cartera de Justicia.
Principales aspectos de la reforma
El funcionario, citando los fundamentos que dieron vida a la reforma, indicó que anualmente se presenta un déficit en la atención de procesos judiciales que ha hecho ver a la justicia como tardía e ineficaz.
“En 2020 el ingreso efectivo de procesos ascendió a 1’897.244, mientras que el índice de egresos efectivos fue de 1’521.088, lo que indica un porcentaje del 80,17% de egresos y un déficit en resolución del 19,3%”, añadió Ruiz Orejuela.
El proyecto desarrolla la conformación, operatividad y funciones de la recién creada Comisión Nacional de Disciplina Judicial que cumple la función disciplinaria de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial.
Incluye todos los elementos necesarios relacionados con la adopción del expediente digital para facilitar la labor judicial y mejorar la productividad de los despachos judiciales. También, le permite al Consejo Superior de la Judicatura crear juzgados itinerantes, con el fin de solventar las necesidades de administración de justicia en algunas zonas del país que presenten déficit de cobertura en la prestación del servicio.
Además, fija los lineamientos para el fortalecimiento de la carrera judicial con garantías para empleados y funcionarios, respetando los cargos por provisionalidad o itinerancia.
Igualmente, adecúa las normas de concurso de méritos, el registro de elegibles y el respeto a derechos de los empleados de carrera.
En ese sentido, Ruiz recalcó que el proyecto contempla la equidad de género al permitir que el 50% de las listas para el cargo de magistrados de las altas cortes sea para mujeres.
Finalmente, el alto funcionario destacó el enfoque de la iniciativa en materia de solución de conflictos, con lo que se pretende evitar la congestión del sistema de justicia.
“Buscamos incentivar en los ciudadanos la utilización de estos mecanismos para buscar una justicia pronta con efectos de cosa juzgada. Su uso permitirá reducir los costos procesales, obteniendo una oferta gratuita en instancias como la Procuraduría General de la Nación, las personerías y los consultorios jurídicos”, puntualizó el Ministro Ruiz.
