Bucaramanga, 1 de octubre de 2025. El concejal del Pacto Histórico, Jorge Flórez, denunció públicamente al gobernador de Santander por presunta injerencia política en la administración municipal de Bucaramanga. Según Flórez, el mandatario departamental estaría utilizando su influencia para incidir en decisiones clave de la Alcaldía, lo que podría configurar una vulneración a la autonomía territorial y a los principios de neutralidad institucional.
La denuncia se intensificó tras conocerse la salida del coronel (r) Gildardo Rayo, quien se desempeñó como Secretario del Interior durante los últimos 24 meses. En una comunicación oficial, Rayo afirmó que su despido fue ordenado directamente por el gobernador, pese a que su gestión fue reconocida por enfrentar con firmeza los desafíos de seguridad en la ciudad.
“Durante dos años asumí con responsabilidad la seguridad de Bucaramanga. Hoy me retiro por decisión del gobernador, no del alcalde. Esto confirma que hay interferencias que van más allá de lo técnico”, expresó Rayo en su comunicado.
El concejal Flórez calificó el hecho como “una muestra preocupante de cómo se está instrumentalizando la institucionalidad para fines políticos”, y pidió a los entes de control investigar posibles irregularidades en la relación entre el gobierno departamental y la administración municipal.
La ciudadanía y los sectores sociales han comenzado a reaccionar, exigiendo transparencia y respeto por la autonomía local. Organizaciones defensoras de la democracia han convocado a un foro público para discutir el alcance de estas denuncias y promover mecanismos de vigilancia ciudadana.
La denuncia del concejal Jorge Flórez reaviva el debate sobre la autonomía territorial, principio consagrado en el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza a los municipios “gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, y administrar los recursos”. Cuando esta autonomía se ve comprometida por presiones externas, no solo se vulnera el equilibrio institucional, sino también la confianza ciudadana en sus autoridades locales. En tiempos donde la seguridad y la gobernabilidad requieren coordinación legítima y transparente, es urgente que las decisiones administrativas respondan al interés público y no a cálculos políticos. La ciudadanía, como garante de la democracia, tiene el derecho —y el deber— de exigir claridad, respeto y participación.
