La paciencia de las comunidades a lo largo de la Troncal Central —vía estratégica que conecta Zipaquirá (Cundinamarca), Barbosa y Bucaramanga (Santander), hasta San Alberto (Cesar)— parece haber llegado a su límite.  Tras años de promesas incumplidas, habitantes, líderes sociales, transportadores y alcaldes locales reiteraron su exigencia al Gobierno Nacional: que se anuncien recursos concretos y suficientes para el mejoramiento de la vía, y que los dineros recaudados por concepto de peajes se inviertan de manera transparente y efectiva en su recuperación.

El pasado encuentro en el municipio de Curití, convocado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), pretendía ser un espacio de concertación.  Según el comunicado oficial, la entidad garantizó su presencia y propuso la instalación de varios frentes de trabajo como respuesta a las demandas ciudadanas.  Sin embargo, la reunión terminó abruptamente, sin acuerdos ni orientaciones claras, en medio de un ambiente tenso que, según Invías, no ofrecía garantías mínimas de seguridad ni orden para continuar el diálogo.

Aunque la entidad aclaró que no fue quien dio por terminada la mesa, y que acudió con disposición de escucha y rendición de cuentas, la comunidad percibe una desconexión persistente entre las declaraciones institucionales y las acciones reales en el territorio.  “No queremos más reuniones sin resultados.  Queremos ver maquinaria, inversión, y sobre todo, voluntad política”, expresó uno de los líderes presentes.

La presencia de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y delegados del Ministerio del Interior no logró contener el malestar creciente.  La falta de avances concretos ha generado un clima de desconfianza que amenaza con escalar si no se toman medidas urgentes.

Desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte e Invías reiteraron su compromiso con el diálogo y la articulación territorial, asegurando que se mantendrán abiertos a establecer nuevos espacios de concertación.  No obstante, las comunidades insisten: el tiempo de las palabras ya pasó.  Hoy, lo que se exige es acción.

¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está la inversión prometida? ¿Dónde están los resultados visibles de los peajes que pagamos?  Son preguntas que resuenan con fuerza en los municipios afectados, donde cada bache, cada derrumbe y cada accidente es una herida abierta en la dignidad y el desarrollo de la región.