La Procuraduría General de la Nación profirió cargos a la alcaldesa de Onzaga, Santander (2020-2023), Johana Grimaldos Barón, por presuntas irregularidades contractuales.

El ente de control investiga la conducta del funcionario, quien, al parecer, suscribió un negocio jurídico para el suministro de elementos de aseo y protección personal para la asistencia humanitaria de emergencia con el propósito de proteger a funcionarios, servidores públicos, policía, ejercito, entre otros en la urgencia manifiesta por el COVID-19.

Asimismo, el Ministerio Público constata las denuncias recibidas que afirman que el valor contractual pactado y ejecutado del bilateral, del 01 de abril de 2020, tenía un posible sobrecosto de aproximadamente 41.85%.

Debido a esto, la entidad confirma la presunta responsabilidad de la servidora pública en la vulneración del principio de responsabilidad contractual.

La entidad también investiga las posibles irregularidades de la exfuncionaria cuando respondió de manera inconclusa e incongruente la solicitud de varios ciudadanos acerca de la entrega de predios en el proyecto durazno del municipio, para la vigencia 2020-2021, como: ubicación de los beneficiarios, dato de la contratación, entre otros.

Finalmente, el ente de control calificó provisionalmente las faltas de la investigada como gravísima a título de culpa grave.