El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), por su presunta participación en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión judicial ratifica los cargos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Esta última imputación fue incluida tras revocarse un fallo anterior que la había excluido, consolidando así la gravedad de las acusaciones en su contra.
Un caso que compromete las más altas esferas del poder
González, considerado mano derecha del presidente Gustavo Petro y exjefe del partido Alianza Verde, es señalado de haber ordenado el pago de sobornos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, con el fin de facilitar el trámite de iniciativas legislativas del Gobierno Nacional. Ambos congresistas se encuentran actualmente privados de la libertad.
El exfuncionario permanece prófugo de la justicia colombiana y se encuentra asilado en Nicaragua, lo que ha dificultado la ejecución de la orden de captura. La Cancillería colombiana ha solicitado formalmente su extradición, pero el gobierno nicaragüense ha rechazado el pedido, alegando su estatus de asilado político.
Implicaciones institucionales y diplomáticas
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado inspecciones en la Cancillería para esclarecer el papel de funcionarios diplomáticos en la salida del país de González y su posterior residencia en Managua. Se han recopilado más de 600 documentos que podrían arrojar luz sobre posibles irregularidades en el manejo del caso.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá es definitiva y no admite recurso alguno. Con ella, se refuerza el compromiso del sistema judicial colombiano de avanzar en el esclarecimiento de uno de los escándalos de corrupción más sensibles del actual gobierno.
