La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo presentaron ante el Tribunal Administrativo de Santander su Vigésimo Segundo Informe, correspondiente al período enero-abril de 2025, en el que evidencian los incumplimientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) frente a la Sentencia T-361 de 2017. Esta orden judicial exige la delimitación participativa del páramo Jurisdicciones – Santurbán – Berlín, un ecosistema fundamental para la conservación hídrica y la protección de los derechos de las comunidades de Santander y Norte de Santander.
El informe resalta la reiterada omisión por parte del MADS de presentar el informe cuatrimestral de evaluación, una falta que impide el adecuado seguimiento judicial y vulnera el derecho ciudadano a la información. A más de siete años de la sentencia, el acto administrativo de delimitación aún no ha sido expedido, lo que ha agudizado la crisis ambiental y social en la región, con el incremento de minería ilegal, informalidad laboral y deterioro del tejido comunitario.
También se evidencian deficiencias en la participación ciudadana, pues de las siete mesas de trabajo programadas, solo una se llevó a cabo en Bochalema, dejando excluidas a comunidades de 13 municipios. A esto se suma la insuficiencia de las estrategias de divulgación, especialmente en zonas rurales con baja conectividad, lo que contraviene el Acuerdo de Escazú.
El documento pone especial atención en la Resolución 221 de 2025 del MADS, la cual fue tramitada en solo 97 días sin garantizar una participación ciudadana efectiva. Según la Procuraduría y la Defensoría, esta medida ignoró más de 8.000 firmas de oposición y vulneró derechos fundamentales, además de no sustituir el proceso de delimitación del páramo ordenado por la Corte Constitucional.
Ante esta situación, las entidades han solicitado al Tribunal que evalúe sanciones por posible desacato, rechace nuevas prórrogas, suspenda la Resolución 221 de 2025 y exija al MADS reiniciar el proceso de delimitación con garantías de participación, debido proceso ambiental y respeto al Acuerdo de Escazú. También han insistido en que la delimitación debe ser una prioridad antes de cualquier otro instrumento de gestión ambiental en la región.
