La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, anunció este miércoles la consulta pública del proyecto de resolución que define la Zona de Reserva Temporal de recursos naturales renovables en el Macizo de Santurbán.
El objetivo es proteger las cuencas críticas que abastecen de agua a 1,3 millones de personas en siete municipios de la región y el Área Metropolitana de Bucaramanga.
“Esta resolución estará publicada para que sea consultada por la ciudadanía y se recibirán comentarios por parte de todos los actores interesados’, precisó la ministra.
Agregó que habrá sesiones para que se conozca esta resolución en territorio, tanto sus aspectos técnicos como jurídicos, con el fin de garantizar la participación de todos los actores en este proceso.
De acuerdo con Muhamad, los efectos de dicha resolución tendrían una duración de dos años y, por lo tanto, es una resolución de carácter temporal, que se sustenta en el principio de precaución, con el fin de proteger las cuencas Alto Lebrija y Cáchira Sur, la biodiversidad, la capacidad de regulación hídrica y el ciclo del agua, que garantiza la función ecológica y la provisión de agua potable a los acueductos, tanto los municipales como el acueducto de Bucaramanga.
“Esta medida no tiene efectos ni sobre la agricultura ni la ganadería ni la infraestructura ni en licencias de construcción, que se seguirán haciendo de acuerdo con los usos del suelo que estén definidos en los planes de ordenamiento territorial de los municipios y bajo la vigilancia de las autoridades competentes’, manifestó la titular de la cartera ambiental.
Asimismo, recalcó que “la resolución reconoce la tradición minera de los municipios de California, Vetas y Suratá y, por lo tanto, no afecta los procesos de formalización minera que están en curso en este momento en esos municipios, con los pequeños mineros tradicionales de la región y tampoco la reserva temporal afecta ni frena actividades mineras que cuenten hoy con título minero e instrumento ambiental vigentes’.
Sin embargo –sostuvo–, esta medida limita la entrega de nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación u otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de mineral.
Señaló que se trata de precaver daños irreversibles y controlar procesos de degradación ante los desequilibrios físicos, químicos y ecológicos del medio natural que pongan en peligro su integridad por el desarrollo de actividades mineras.
Esto hasta tanto se adelanten los estudios técnicos y procesos necesarios para identificar los mecanismos de ordenamiento ambiental del territorio, que permitan la protección efectiva de los recursos naturales renovables y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, detalló la ministra de Ambiente.
