Este martes 21 de octubre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había sido señalado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión fue tomada por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, quienes concluyeron que no se acreditó el dolo directo del exmandatario en las gestiones adelantadas por su entonces abogado, Diego Cadena, ante exparamilitares como Carlos Enrique Vélez Ramírez y Juan Guillermo Monsalve.
Según la lectura del fallo, los magistrados determinaron que no se demostró que Uribe hubiese actuado como determinador de los delitos imputados, lo que constituye un requisito esencial para establecer responsabilidad penal. La sentencia también declaró ilegal la principal prueba que sustentaba el proceso, debilitando aún más la acusación.
Además, el Tribunal ordenó abrir una investigación contra el testigo Carlos Enrique Vélez Ramírez por posible falso testimonio, tras detectar inconsistencias en sus declaraciones. Vélez, conocido como alias “Víctor”, fue pieza clave en el proceso, pero su credibilidad fue cuestionada por los jueces, quienes compulsaron copias para que se indague su conducta judicial.
La decisión revoca la condena impuesta en agosto por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien había hallado responsable al exmandatario por ofrecer supuestas dádivas a testigos. En contraste, el Tribunal Superior consideró que las pruebas no eran concluyentes y que el proceso debía resolverse en favor del acusado.
La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá se fundamentó en tres aspectos clave: la falta de pruebas directas que vincularan al expresidente como determinador de los delitos, la invalidez de la principal prueba testimonial, y la orden de investigar a uno de los testigos por presunto falso testimonio. Este fallo no solo modifica el rumbo jurídico del caso, sino que también tiene implicaciones políticas profundas: refuerza la narrativa de persecución judicial que ha sostenido el expresidente, reactiva el debate sobre la independencia de la justicia en Colombia y podría influir en el panorama electoral y en la polarización del discurso público.
Este fallo marca un giro en uno de los procesos judiciales más mediáticos del país, que ha captado la atención nacional e internacional por sus implicaciones políticas y jurídicas. La audiencia se realizó de manera virtual para las partes y presencial para los magistrados.
Con esta absolución, Álvaro Uribe Vélez queda libre de los cargos que enfrentaba, aunque el caso deja abiertas nuevas líneas de investigación sobre la actuación de testigos y abogados involucrados. El pronunciamiento del Tribunal también reaviva el debate sobre la calidad de las pruebas en procesos de alto perfil y la necesidad de fortalecer las garantías judiciales en Colombia.
