Tibú, Norte de Santander – En la mañana del 16 de enero de 2026, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 del Ejército Nacional fueron blanco de un ataque con drones cargados con explosivos, perpetrado por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. El hecho ocurrió en la vereda Palmeras, zona rural del municipio de Tibú, en el convulso Catatumbo.

El ataque dejó como saldo la muerte del soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo de Palmira, Valle del Cauca, y heridas a dos suboficiales y dos soldados más, quienes presentan lesiones por esquirlas. Los uniformados heridos fueron evacuados vía aérea a un centro médico especializado en Cúcuta.

El Comando de la Segunda División del Ejército rechazó el uso de estas “prácticas terroristas” que, según el comunicado oficial, violan los derechos humanos, infringen el Derecho Internacional Humanitario y ponen en grave riesgo a la población civil.

La institución también informó que se activó un equipo multidisciplinario para brindar acompañamiento a la familia del soldado fallecido, a quien calificaron como un “héroe por siempre” que entregó su vida por la seguridad de los habitantes del Catatumbo.

Sin embargo, el hecho ha reavivado una pregunta que resuena con fuerza entre la ciudadanía: ¿qué están haciendo las Fuerzas Militares frente al avance tecnológico de los grupos armados ilegales? El uso sistemático de drones con explosivos por parte del ELN y otras estructuras criminales plantea un desafío urgente para la seguridad nacional y la protección de las tropas en terreno.

Mientras las comunidades del nororiente colombiano siguen atrapadas entre el fuego cruzado y la sofisticación bélica de los actores armados, crece la exigencia de respuestas claras, estrategias efectivas y garantías de no repetición.