El trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional permitió impactar las finanzas de una red que estaría involucrada en la alteración de alimentos
y medicamentos, los cuales eran distribuidos a establecimientos de comercio y algunos operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
En diligencias realizadas en Medellín, Itagüí y Guarne (Antioquia); y Bucaramanga (Santander),
fueron ocupados con fines de extinción de dominio 10 inmuebles urbanos, 3 vehículos, 1
sociedad y 5 establecimientos de comercios, que pertenecerían a integrantes de la estructura
ilegal.
Los bienes, avaluados preliminarmente en 3.000 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.
Según la investigación, la organización delictiva ingresaba al país productos de Chile y Ecuador,
en algunos casos vencidos o en malas condiciones. Posteriormente, les modificaban las fechas
de expiración, lotes de fabricación, registros, etiquetas, sellos de seguridad, tablas nutricionales y otros elementos.
Con esa apariencia de autenticidad, alimentos y medicamentos eran vendidos a contactos en
Medellín, Santafé de Antioquia, Rionegro y Bello (Antioquia); Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico) y Cúcuta (Norte de Santander), entre otras ciudades. Asimismo, llegaban a los encargados de suministrar los suplementos alimentarios a colegios oficiales. Esta práctica se identificó en Medellín y Bucaramanga.
Las propiedades afectadas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
