El Consejo de Estado suspendió provisionalmente una de las normas que regulaban el funcionamiento de la Junta Directiva del Banco de la República y que obligaba a la presencia del ministro de Hacienda para poder deliberar y tomar decisiones. La medida se conoce en medio de las tensiones entre el Gobierno Nacional y el banco central por la política de tasas de interés.
La decisión judicial deja sin efecto, por ahora, un apartado del Decreto 2520 de 1993, el cual establecía que la Junta solo podía sesionar si asistían al menos cinco integrantes, incluyendo obligatoriamente al jefe de la cartera de Hacienda.
La norma suspendida
El artículo cuestionado hacía parte de los estatutos del Banco de la República y definía tanto el quórum como el mecanismo de votación de la Junta Directiva. En ese apartado se señalaba que el ministro de Hacienda debía estar presente para que las reuniones fueran válidas.
La demanda surgió luego de que el ministro Germán Ávila manifestara públicamente la posibilidad de no asistir a las sesiones del emisor, en medio de desacuerdos con las decisiones adoptadas por la entidad sobre las tasas de interés.
Según los argumentos presentados ante el alto tribunal, esa condición podía convertirse en un mecanismo que permitiera bloquear el funcionamiento del Banco de la República, afectando la autonomía que le otorga la Constitución.
Los argumentos de las partes
Durante el proceso, el Banco de la República defendió la necesidad de eliminar esa exigencia, argumentando que depender de la asistencia del ministro podía impedir el cumplimiento de sus funciones constitucionales y poner en riesgo la independencia de la entidad.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda sostuvo que el ministro no tenía capacidad de veto sobre las decisiones de la Junta, debido a que las determinaciones requieren un mínimo de cuatro votos favorables.
Entretanto, la Presidencia de la República defendió la legalidad de la norma y aseguró que el Banco de la República debe actuar coordinadamente con la política económica del Gobierno Nacional, por lo que consideró razonable exigir la presencia del ministro en las sesiones.
Las razones del Consejo de Estado
Al analizar el caso, el Consejo de Estado concluyó que la Constitución protege la autonomía administrativa, técnica y patrimonial del Banco de la República y que sus funciones no pueden quedar suspendidas por la ausencia de uno de sus integrantes.
El tribunal consideró que, aunque el ministro de Hacienda debe presidir la Junta Directiva, la Carta Política no establece que su asistencia sea obligatoria para que el organismo pueda sesionar y tomar decisiones.
En el auto judicial, la corporación advirtió que permitir la paralización del banco central podría afectar funciones esenciales relacionadas con la estabilidad económica y los derechos de los ciudadanos.
¿Qué cambia con esta decisión?
Con la suspensión provisional del artículo, la Junta Directiva del Banco de la República podrá reunirse y adoptar decisiones aun cuando el ministro de Hacienda no asista a las sesiones.
La medida tendrá vigencia mientras el Consejo de Estado resuelve de fondo la demanda sobre la constitucionalidad de la norma.
El fallo representa además un nuevo episodio en el debate sobre la independencia del Banco de la República y la relación entre el Gobierno Nacional y la autoridad monetaria del país.
