El presidente Gustavo Petro aclaró que su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente no busca alterar la Constitución de 1991, sino añadir dos capítulos específicos: uno para concretar reformas sociales y derechos fundamentales bloqueados en el Congreso, y otro para endurecer medidas contra la corrupción. La iniciativa requiere recolectar cerca de 5 millones de firmas —de las cuales 2,5 millones deben ser válidas— para presentarla al Congreso antes del fin de su mandato, el 7 de agosto de 2026.
Para financiar la campaña, Petro publicó en su cuenta de X los datos de una cuenta de ahorros abierta para recibir donaciones voluntarias de hasta 10 millones de pesos por persona, registrando la cédula del aportante. Esta cuenta pertenece a Armando Custodio Wouriyú Valbuena, líder indígena wayúu y ex presidente de la ONIC, quien actúa como vocero principal del Comité Promotor de la Constituyente Popular.
El Comité Promotor, avalado por la Registraduría Nacional e integrado por nueve ciudadanos de sectores como indígenas, raizales, rom y campesinos, lidera la recolección de firmas por vía de iniciativa popular. Wouriyú Valbuena detalló que el presupuesto estimado es de 2.060 millones de pesos para logística y movilización, aunque hasta finales de abril no había ingresado ningún aporte a la cuenta.
El proceso, inicialmente rural, ahora se extiende a ciudades como Bogotá y Medellín, con la Registraduría verificando firmas y el Consejo Nacional Electoral supervisando los fondos.
La propuesta genera polémica en plena precampaña electoral, con críticas por la transparencia del uso de una cuenta personal y posibles riesgos de opacidad en los aportes, mientras Petro insiste en su objetivo de superar obstáculos legislativos.
