Cerca de 5 mil trabajadores que estaban afiliados a los fondos privados de pensiones se trasladaron a Colpensiones en las últimas semanas, lo que ha desatado un fuerte debate entre el Gobierno nacional y los administradores de pensiones privadas. Este movimiento se enmarca en la “ventana de oportunidad” abierta por la reforma pensional, que permitió a más de 120 mil personas migrar del régimen de ahorro individual al sistema de prima media administrado por la entidad pública.

El presidente Gustavo Petro criticó la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026, que ordena el traslado a Colpensiones de los recursos de esos 120 mil afiliados que cambiaron de régimen. El mandatario aseguró que la suspensión judicial “les permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores” y convocó a una movilización nacional el próximo 1º de mayo, en apoyo a una asamblea constituyente para avanzar en reformas sociales y combatir la corrupción.

En respuesta, los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Seguridad Social instruyeron a los fondos privados girar de inmediato a Colpensiones los recursos de unas 25 mil personas que ya obtuvieron su pensión de jubilación. Las carteras insistieron en que el ahorro pensional debe permanecer bajo el resguardo del sistema público, argumentando que resulta “inequitativo” que, mientras Colpensiones asume el pago de las pensiones y los riesgos asociados, los fondos privados continúen administrando esos recursos.

El Gobierno reitera que defenderá los principios de sostenibilidad, equidad y protección del interés general, y adelantará todas las acciones jurídicas que considere necesarias para que prevalezcan los lineamientos constitucionales sobre la seguridad social. Mientras tanto, el caso se mantiene en debate jurídico, con un fondo de 25 billones de pesos en juego, que corresponde al capital acumulado y los rendimientos de cerca de 120 mil afiliados que decidieron pasar del régimen privado al público.