El gobierno nacional expidió el Decreto 0415 de 2026, que obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas a transferir unos $25 billones de pesos hacia Colpensiones en un plazo de 30 días. Esta medida responde a los traslados masivos de más de 119.000 afiliados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM), dejando a Colpensiones con obligaciones pensionales sin los activos correspondientes.

Impactos Inmediatos en Afiliados y Finanzas Públicas

La transferencia incluye el 100% de los ahorros individuales, rendimientos y fondos de garantía, priorizando liquidez con el 50% en 20 días hábiles y el resto en 10 días más. Para los 22.472 pensionados ya en RPM, asegura mesadas inmediatas, aliviando presión sobre el presupuesto nacional en medio de restricciones fiscales.

Sin embargo, podría generar volatilidad en los mercados de TES y deuda pública, ya que el 30% de los activos requiere liquidación forzada.

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Desde una perspectiva informativa, el decreto busca equilibrar el desbalance actuarial causado por la Ley 2381 de 2024, donde Colpensiones asume pasivos sin contrapartida, liberando recursos fiscales equivalentes a unos 7.000 millones de dólares. Analíticamente, fortalece la sostenibilidad inmediata del RPM público, pero socava la confianza en el sistema mixto al intervenir ahorros privados acumulados con rendimientos históricos superiores al 7% anual en AFP.

Reacciones del Sector Privado y Perspectivas

Asofondos, liderado por Andrés Velasco, califica la norma de «lesiva» y prepara acciones judiciales, argumentando exceso de recursos para Colpensiones y violación al ahorro individual. Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, defiende la medida como técnica y necesaria. Expertos advierten que esta intervención podría desincentivar aportes privados, elevando el déficit pensional a largo plazo y cuestionando la reforma de 2024 en un contexto de crecimiento económico moderado.