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Colombia sobre dos ruedas… y al borde del abismo

Columna de Opinión

Autoridades investigan la muerte de una mujer en Girón: ¿Accidente o hurto?

Foto. Archivo de Tránsito

Por: Amparo Parra Mosquera
diciembre 29, 2025
Tiempo de lectura: 3 minutos leídos
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Cada día, catorce motociclistas mueren en las vías de Colombia. No es una cifra: son catorce familias rotas, catorce historias truncadas, catorce vidas que no volverán. En 2024, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 5.146 personas que se movilizaban en moto perdieron la vida, lo que representa el 62% de todas las muertes por siniestros viales en el país. La mayoría eran hombres y mujeres en edad productiva, muchos de ellos padres, madres, estudiantes, trabajadores informales, repartidores, soñadores.

Colombia se llenó de motos. En ciudades y veredas, en planicies y montañas, la motocicleta se convirtió en símbolo de movilidad, independencia y sustento. Pero también en un vehículo de alto riesgo, muchas veces conducido sin la preparación adecuada, sin casco, sin conciencia, sin frenos. Porque las motos no se accidentan solas: las accidentan seres humanos que, por imprudencia, desesperación o negligencia, convierten el pavimento en campos de muerte.

Las causas son tan conocidas como evitables: exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol o drogas, adelantamientos temerarios, falta de mantenimiento, desconocimiento de normas básicas. Y el resultado no solo es una tragedia humana, sino una crisis de salud pública: miles de heridos con traumas craneoencefálicos, amputaciones, lesiones medulares, que colapsan los servicios de urgencias y quedan con secuelas de por vida, muchas veces sin acceso a rehabilitación ni apoyo psicosocial.

¿Y qué dicen las autoridades? Que hay campañas, que hay controles, que hay cifras. Pero la realidad en las calles sigue siendo brutal. Y mientras tanto, ¿cuál es el compromiso de las empresas que venden motocicletas? ¿Entregan el vehículo con una charla de seguridad vial? ¿Con un curso obligatorio? ¿Con un mensaje claro de que el chasis de ese aparato es la propia humanidad del conductor? En la mayoría de los casos, no. Se vende la moto, se firma el papel, se entrega la llave. Y que Dios lo acompañe.

Esta columna no busca estigmatizar a quienes usan la moto como herramienta de trabajo o medio de transporte. Todo lo contrario: busca exigir condiciones dignas, formación, infraestructura segura, y una corresponsabilidad real entre Estado, empresas y ciudadanía. Porque no podemos seguir normalizando que jóvenes mueran bajo las llantas de una tractomula por intentar ganarle al semáforo. No podemos seguir enterrando a nuestros hijos por no haberles enseñado a frenar.

La vida no puede seguir siendo el precio de la movilidad. Que esta racha de muertes no sea una estadística más, sino un grito colectivo para cambiar el rumbo. Porque cada motociclista que muere en la vía es una oportunidad perdida de hacer las cosas mejor. Y ya no hay tiempo que perder.

Según cifras recientes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los motociclistas representan más del 60% de las víctimas fatales en siniestros viales en el departamento. Solo en el área metropolitana, cada semana se reportan entre 3 y 5 muertes relacionadas con motos. Y por cada fallecido, hay decenas de heridos que quedan con secuelas físicas, emocionales y económicas que impactan directamente al sistema de salud pública.

Las salas de urgencias del Hospital Universitario de Santander y de clínicas en Floridablanca, Girón y Piedecuesta reciben a diario a víctimas de accidentes en moto. Muchos llegan con traumas craneoencefálicos, fracturas múltiples, amputaciones. Algunos sobreviven, pero no vuelven a caminar. Otros quedan atrapados en procesos de rehabilitación sin recursos ni acompañamiento.

Y mientras tanto, las calles de Bucaramanga, Barrancabermeja, San Gil y Barbosa se llenan de motocicletas. Se venden como pan caliente. Pero, ¿quién asume la responsabilidad de educar al nuevo conductor? ¿Qué compromiso real tienen las ensambladoras y concesionarios que entregan estos vehículos sin garantizar una formación mínima en seguridad vial? ¿Dónde están las campañas masivas, los cursos obligatorios, los controles efectivos?

Una motocicleta no es un juguete. Es un vehículo cuyo chasis es el cuerpo mismo del conductor. Y sin casco, sin frenos, sin conciencia, se convierte en una trampa mortal.

Las motos no se accidentan solas. Las accidentan seres humanos que conducen bajo efectos del alcohol o las drogas, que no hacen mantenimiento, que se cruzan entre tractomulas por el afán de llegar, que ignoran los semáforos, que creen que la vida es una carrera.

Esta columna no busca estigmatizar. Busca despertar. Porque no podemos seguir normalizando que nuestros jóvenes mueran por llegar cinco minutos antes. Porque cada motociclista que muere en la vía es una historia que no debía terminar así.

En Santander, la movilidad no puede seguir cobrándonos la vida. Es hora de frenar.

¿Y usted, qué está haciendo para no ser la próxima víctima?

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Cada día, catorce motociclistas mueren en las vías de Colombia. No es una cifra: son catorce familias rotas, catorce historias truncadas, catorce vidas que no volverán. En 2024, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 5.146 personas que se movilizaban en moto perdieron la vida, lo que representa el 62% de todas las muertes por siniestros viales en el país. La mayoría eran hombres y mujeres en edad productiva, muchos de ellos padres, madres, estudiantes, trabajadores informales, repartidores, soñadores.

Colombia se llenó de motos. En ciudades y veredas, en planicies y montañas, la motocicleta se convirtió en símbolo de movilidad, independencia y sustento. Pero también en un vehículo de alto riesgo, muchas veces conducido sin la preparación adecuada, sin casco, sin conciencia, sin frenos. Porque las motos no se accidentan solas: las accidentan seres humanos que, por imprudencia, desesperación o negligencia, convierten el pavimento en campos de muerte.

Las causas son tan conocidas como evitables: exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol o drogas, adelantamientos temerarios, falta de mantenimiento, desconocimiento de normas básicas. Y el resultado no solo es una tragedia humana, sino una crisis de salud pública: miles de heridos con traumas craneoencefálicos, amputaciones, lesiones medulares, que colapsan los servicios de urgencias y quedan con secuelas de por vida, muchas veces sin acceso a rehabilitación ni apoyo psicosocial.

¿Y qué dicen las autoridades? Que hay campañas, que hay controles, que hay cifras. Pero la realidad en las calles sigue siendo brutal. Y mientras tanto, ¿cuál es el compromiso de las empresas que venden motocicletas? ¿Entregan el vehículo con una charla de seguridad vial? ¿Con un curso obligatorio? ¿Con un mensaje claro de que el chasis de ese aparato es la propia humanidad del conductor? En la mayoría de los casos, no. Se vende la moto, se firma el papel, se entrega la llave. Y que Dios lo acompañe.

Esta columna no busca estigmatizar a quienes usan la moto como herramienta de trabajo o medio de transporte. Todo lo contrario: busca exigir condiciones dignas, formación, infraestructura segura, y una corresponsabilidad real entre Estado, empresas y ciudadanía. Porque no podemos seguir normalizando que jóvenes mueran bajo las llantas de una tractomula por intentar ganarle al semáforo. No podemos seguir enterrando a nuestros hijos por no haberles enseñado a frenar.

La vida no puede seguir siendo el precio de la movilidad. Que esta racha de muertes no sea una estadística más, sino un grito colectivo para cambiar el rumbo. Porque cada motociclista que muere en la vía es una oportunidad perdida de hacer las cosas mejor. Y ya no hay tiempo que perder.

Según cifras recientes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los motociclistas representan más del 60% de las víctimas fatales en siniestros viales en el departamento. Solo en el área metropolitana, cada semana se reportan entre 3 y 5 muertes relacionadas con motos. Y por cada fallecido, hay decenas de heridos que quedan con secuelas físicas, emocionales y económicas que impactan directamente al sistema de salud pública.

Las salas de urgencias del Hospital Universitario de Santander y de clínicas en Floridablanca, Girón y Piedecuesta reciben a diario a víctimas de accidentes en moto. Muchos llegan con traumas craneoencefálicos, fracturas múltiples, amputaciones. Algunos sobreviven, pero no vuelven a caminar. Otros quedan atrapados en procesos de rehabilitación sin recursos ni acompañamiento.

Y mientras tanto, las calles de Bucaramanga, Barrancabermeja, San Gil y Barbosa se llenan de motocicletas. Se venden como pan caliente. Pero, ¿quién asume la responsabilidad de educar al nuevo conductor? ¿Qué compromiso real tienen las ensambladoras y concesionarios que entregan estos vehículos sin garantizar una formación mínima en seguridad vial? ¿Dónde están las campañas masivas, los cursos obligatorios, los controles efectivos?

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