En un acto sin precedentes en Bucaramanga, cuatro exintegrantes del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en secuestros perpetrados en Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá y Cesar. Las audiencias, centradas en el reconocimiento de verdad y responsabilidad, permitieron a las víctimas relatar los impactos de estos crímenes y exigir respuestas largamente postergadas.
Durante las sesiones, se escucharon testimonios de profundo dolor: relatos de tratos crueles, secuelas físicas y psicológicas, y la incertidumbre persistente sobre el destino de seres queridos desaparecidos. La JEP facilitó espacios de confrontación restaurativa, donde los comparecientes ofrecieron disculpas públicas y reconocieron su participación en los hechos.
Uno de los momentos más conmovedores fue el pronunciamiento de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, quien pidió perdón, en nombre del Estado colombiano, a Campo Elías Serrano Peña. Él fue secuestrado por las Farc y luego condenado por delitos que no cometió, lo que lo llevó a pasar 17 años entre la selva y la cárcel. “Si el Estado tuviera conciencia, seguro le dolería”, expresó la magistrada, al reconocer la injusticia.
Serrano Peña, hoy en silla de ruedas, narró cómo fue forzado a asumir crímenes ajenos bajo amenaza de muerte. Pedro Trujillo Hernández, excomandante guerrillero, admitió la responsabilidad del grupo armado y se sumó al llamado a una reparación integral: “Usted no fue un sicario; asumió un delito que no había cometido y lo hizo por miedo a ser asesinado”.
La magistrada Catalina Díaz destacó la fuerza del diálogo entre víctimas y responsables como un pilar esencial para la reconciliación: “Lo que hacen aquí es construir la paz con sus propias manos y su propia palabra”.
Este proceso forma parte del caso 01 de la JEP, que busca esclarecer los crímenes de secuestro cometidos por las Farc en todo el país.
Urabá: más de medio millón de víctimas reconocidas por la JEP
En paralelo, la JEP acreditó a 504.853 víctimas del conflicto armado en la región de Urabá, en el marco del macrocaso 04, que investiga crímenes cometidos entre 1986 y 2003. La decisión implica a siete exguerrilleros, veintiún militares retirados y cinco empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba, señalados como máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
El extenso auto de imputación, de más de 1.500 páginas, documenta patrones de violencia sistemática contra comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y líderes sociales. Entre los hechos más atroces figura la masacre de Bojayá (2002), donde 98 personas murieron tras el impacto de un cilindro bomba lanzado por las Farc sobre una iglesia.
La JEP ha identificado tres patrones criminales en la región: la eliminación de civiles por prejuicio ideológico, el despojo sistemático de tierras y el control sociocultural mediante el terror. Casos como la masacre de Pueblo Bello, el vaciamiento de Tulapas y la destrucción de símbolos ancestrales en Carmen del Darién ilustran la magnitud del daño.
Los 34 comparecientes tienen un plazo de 60 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad. Este paso es clave para avanzar hacia la reparación y la no repetición.
