Disfarma G.C. S.A.S. anunció la terminación unilateral del contrato con Nueva EPS para la dispensación de medicamentos, alegando falta de pagos y flujo insuficiente de recursos. La decisión, ya notificada a la Superintendencia Nacional de Salud, afecta 232 puntos de atención en 19 departamentos, incluido Santander.
La ruptura del contrato impacta directamente a más de 2,4 millones de afiliados, muchos de ellos con tratamientos para enfermedades catastróficas, huérfanas o de alto costo. La empresa asegura que agotó todos los espacios de diálogo y envió comunicaciones formales a Nueva EPS antes de tomar esta medida.
¿Quién responde por los pacientes?
Organizaciones de pacientes y defensores de derechos humanos advierten que la interrupción en la entrega de medicamentos podría tener consecuencias fatales. La Defensoría del Pueblo estima que el año cerrará con más de 315.000 quejas por falta de medicamentos, muchas de ellas relacionadas con Nueva EPS.
La Superintendencia Nacional de Salud deberá determinar responsabilidades y garantizar la continuidad del servicio. Mientras tanto, miles de pacientes esperan una solución urgente.
La alerta ya estaba encendida. Hace una semana, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, reveló que en los últimos dos años se dispararon las tutelas por falta de entrega de medicamentos, especialmente en casos de enfermedades catastróficas y huérfanas. El informe evidencia una crisis estructural que hoy se agrava con la ruptura del contrato entre Disfarma y Nueva EPS. No se trata solo de cifras: son miles de vidas suspendidas entre trámites, omisiones y silencios institucionales. Urge una respuesta articulada que garantice el derecho a la salud y evite que esta emergencia se convierta en tragedia.
