El Tribunal Administrativo de Santander emitió un fallo contundente que obliga al Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y a Metrolínea a garantizar un transporte público eficiente, ágil y seguro. La sentencia, resultado de una acción popular, reconoce que el sistema actual vulnera derechos colectivos y da un plazo de seis meses para implementar medidas concretas de mejora.
La decisión judicial llega en medio de una crisis estructural que ha convertido al transporte masivo en una promesa incumplida. Estaciones vandalizadas, más de 230 buses fuera de servicio, una flota envejecida y una deuda acumulada superior a los 144.000 millones de pesos han dejado a miles de ciudadanos sin alternativas dignas de movilidad.
A este panorama se suma el reciente revés en las gestiones para reactivar el sistema. El acuerdo entre el Metro de Medellín y el AMB para el arriendo de 12 buses a gas no se concretará. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el apoyo será exclusivamente técnico, descartando por ahora el traslado de flotas.
“Recibimos un sistema prácticamente quebrado”, reconoció John Manuel Delgado Nivia, director del AMB, al acatar el fallo. Según explicó, los planes de recuperación anteriores fracasaron por falta de financiación sostenible y ajustes contractuales, lo que derivó en frecuencias irregulares, deterioro de estaciones y auge del transporte informal.
La sentencia no solo exige soluciones técnicas: interpela directamente a las autoridades locales y nacionales sobre su responsabilidad compartida. Mientras Bucaramanga asume la mayor carga financiera, los municipios vecinos y el Gobierno Nacional han permanecido al margen del sostenimiento del sistema.
El reloj institucional ya está corriendo. En seis meses, Bucaramanga deberá demostrar que puede revertir años de omisiones y recuperar un servicio que, más que buses, transporta la dignidad de quienes lo necesitan para trabajar, estudiar o simplemente vivir.
Testimonios que duelen y exigen
En Provenza, Marta Quintero, empleada de oficina, resume su rutina con resignación: “Hay días en que espero 50 minutos y el bus va tan lleno que toca dejarlo pasar. ¿Ese es el cambio del que hablan?”. Jorge Mantilla, estudiante universitario, lo llama “un despelote”: “Nos prometen soluciones, pero seguimos llegando tarde a clase”. En Ciudadela, Luz Dary Camacho, vendedora informal, confiesa que ya no espera buses: “Toca pagar doble transporte o ir en mototaxi. No hay de otra”. Y don Álvaro Suárez, pensionado, lo dice sin rodeos: “Mi mayor miedo no es la enfermedad, es no llegar a tiempo a la cita médica. ¿A quién están rescatando?”.
