En una decisión histórica, la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la formulación e implementación de un plan integral de fortalecimiento institucional y presupuestal para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el objetivo de avanzar en la búsqueda, identificación y entrega digna de víctimas de desaparición forzada.
La medida, formalizada mediante el Auto SAR AI-040 de 2025, responde a un diagnóstico crítico sobre el rezago forense en Colombia, que ha sido identificado como un obstáculo estructural para garantizar los derechos de las víctimas y sus familias.
Subcuenta forense en el Fondo Colombia en Paz
Uno de los ejes centrales del plan es la creación de una subcuenta específica para Medicina Legal dentro del Fondo Colombia en Paz (FCP). Esta subcuenta permitirá canalizar recursos del presupuesto nacional y de la cooperación internacional hacia proyectos estratégicos de fortalecimiento forense, incluyendo infraestructura, equipos especializados y talento humano.
Acciones concretas en territorios afectados
La JEP también impartió órdenes a entidades estatales, alcaldías y gobernaciones para que tomen acciones concretas en favor de Medicina Legal, especialmente en territorios donde existen proyectos de infraestructura forense que deben ser fortalecidos o puestos en marcha.
Entre las regiones priorizadas se encuentran Buenaventura y Norte de Santander, zonas gravemente afectadas por el conflicto armado y con alta incidencia de desaparición forzada. Allí se adoptarán medidas específicas para responder a las necesidades forenses y acelerar los procesos de identificación.
Cifras que evidencian el reto
Desde la adopción de medidas cautelares sobre desaparición forzada, la SAR ha intervenido 25 sitios, donde se han exhumado 1.891 cuerpos, de los cuales 200 han sido identificados y 128 entregados dignamente a sus familias. Sin embargo, la infraestructura forense actual es insuficiente para enfrentar la magnitud del desafío.
