La ministra Martha Carvajalino afirmó que la medida, de carácter excepcional y transitorio, será monitoreada de forma permanente.
Con la expedición del Decreto 1234 de 2025, el Gobierno Nacional empezó a cumplir los compromisos pactados con el gremio de los arroceros, lo que permitió levantar el paro que durante once días mantuvo en vilo al país con bloqueos en las principales vías nacionales.
Este acto administrativo, emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y respaldado por concepto favorable de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece el régimen de libertad regulada de precios para el arroz paddy verde. Su objetivo central es fijar un precio mínimo por zona, reconociendo los costos de producción y condiciones regionales, en aras de proteger al campesinado y fortalecer la soberanía alimentaria.
La ministra Martha Carvajalino afirmó que la medida, de carácter excepcional y transitorio, será monitoreada de forma permanente y estará acompañada por un plan de choque contra el contrabando —con apoyo de la POLFA y la DIAN— y acciones regulatorias para el arroz blanco. Por su parte, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, anunció el estudio de instrumentos de defensa comercial para evitar prácticas que distorsionen el mercado.
Los precios mínimos por tonelada se establecieron así: Bajo Cauca, $1.491.478; Centro, $1.589.489; Costa norte, $1.512.785; Llanos, $1.457.387; y Santanderes, $1.555.398. Además, la resolución exige que todo comprador reporte semanalmente en la plataforma SIRIARROZ los valores pagados, volumen, condiciones y municipio de adquisición, lo que permitirá una trazabilidad transparente.
Con este avance, el Gobierno reiteró su invitación a todos los actores de la cadena arrocera a construir un acuerdo que garantice estabilidad, competitividad y sostenibilidad para el sector.
Voceros del gremio arrocero destacaron que el decreto representa “un paso importante hacia la estabilización del sector”, pero subrayaron que “su verdadera efectividad se medirá en el cumplimiento riguroso de los compromisos”. Tanto cultivadores como empresarios de los molinos recordaron que esta decisión se dio como resultado de la presión ejercida por el paro, y advirtieron que si no se garantiza la implementación plena de lo acordado, “no dudaremos en retomar las movilizaciones”.
La expectativa ahora recae en el monitoreo del gobierno y la vigilancia ciudadana, pues el futuro del sector arrocero depende no solo de la voluntad política, sino de acciones concretas que generen confianza, justicia comercial y sostenibilidad rural.
