Con el objetivo de enfrentar la creciente ola de trastornos mentales que afecta a millones de colombianos, el presidente Gustavo Petro sancionó el pasado 25 de junio la nueva Ley de Salud Mental, un proyecto liderado por la representante Olga Lucía Velásquez y aprobado previamente por el Congreso de la República.
La legislación, ya en vigencia, actualiza el marco normativo en torno al bienestar emocional y establece acciones preventivas, educativas y asistenciales en todo el territorio nacional, reconociendo la salud mental como un derecho fundamental, no como un privilegio.
Principales ejes de la ley
• Educación emocional en instituciones: Se crearán comités de salud mental en colegios y universidades para realizar tamizajes que detecten síntomas tempranos en estudiantes, docentes y personal administrativo. Estos comités trabajarán articuladamente con EPS, IPS y autoridades de salud.
• Red de atención mixta: Hospitales públicos y clínicas privadas trabajarán de manera conjunta para ofrecer atención integral, especialmente en zonas rurales y en apoyo a colombianos residentes en el exterior.
• Apoyo comunitario y profesionalización: Se formarán agentes comunitarios para atender casos urgentes, mientras estudiantes de psicología y otras áreas afines realizarán sus prácticas en regiones apartadas.
• Prevención en jóvenes: La ley prioriza estrategias para reducir el suicidio, el consumo de sustancias y otros riesgos en adolescentes y jóvenes, a través de redes de apoyo y atención especializada.
• Comunicación y pedagogía: Se lanzarán campañas educativas en medios tradicionales y digitales para informar sobre rutas de atención y promover el acompañamiento familiar en salud emocional. Se impulsarán controles en plataformas digitales para proteger a los menores.
Monitoreo y evaluación estatal
El Ministerio de Salud deberá rendir cuentas anualmente ante el Congreso. Además, se creará un Observatorio Nacional de Salud Mental con enfoque territorial, y se implementará un Sistema Nacional de Información liderado por el DANE y el Ministerio de Ciencia para consolidar datos sobre enfermedades, servicios y brechas en el sector.
La nueva ley marca un punto de inflexión en la forma en que el Estado aborda los desafíos emocionales de su población, al tiempo que refuerza el mensaje de que la salud mental es un derecho que debe garantizarse de manera efectiva y sostenible.
