En respuesta al asesinato de cuatro jóvenes indígenas, el gobierno del presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego bilateral con Estado Mayor Central de las FARC. La medida aplica en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.
“Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores de edad lo mismo. Un cese al fuego implica cese de hostilidades a la población civil” expresó el presidente Petro en San José del Guaviare.
La reacción de las disidencias se conoció momentos después a través de un comunicado en el que asegura que «el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros”.
Para muchos sectores, la respuesta de las disidencias es una amenaza al país. En ese sentido se pronunció el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.
«Les salimos a deber a estos sinvergüenzas. Dicen que el gobierno Petro es el menos serio para negociar, cuando ha sido generoso tendiendo la mano, y le hacen una amenaza al país: dicen que se multiplicarán los muertos. Aquí tenemos que rodear a nuestra fuerza pública, Ejército y Policía, no solamente estar a la defensiva sino a la ofensiva”, sostuvo el mandatario seccional.
De igual manera se han pronunciado voceros de las comunidades, quienes manifiestan su preocupación porque se sienten desprotegidos, al tiempo que reclaman justicia social en los territorios y protección efectiva a la población civil.
