El Juez cuarto penal municipal le ordenó a los directivos del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, dar respuesta a las inquietudes planteadas por el gremio del transporte a través de un derecho de petición.

Los funcionarios del AMB tienen plazo de 48 horas para responderles a los transportadores, de lo contrario serán sancionados como lo contempla la Ley.

El gremio transportador advierte que a sus miembros se les ha vulnerado el derecho al trabajo por la proliferación del transporte informal, por esa razón le solicitan al Área Metropolitana documentos que den cuenta de la legalidad de los vehículos que prestan el servicio de transporte en Bucaramanga.

Según Daniel Méndez, vocero nacional de los transportadores, en Bucaramanga existen taxis clonados, gemeliados, desvinculados y hasta chatarrizados que aún están en servicio. Y explicó que por esa razón, hay procesos penales en la Fiscalía por fraude, falsedad y suplantación de documentos por la ilegalidad en el transporte público.

En el AMB, “están negando las bases de datos, la información de cuándo se desvinculó un carro, cuándo se chatarrizó, cuándo se cambió de empresa o cuándo se trasladó para otro municipio, pero la autoridad niega la información para realizar estos procesos con Policía Judicial”, agregó el dirigente gremial.