En Colombia, el derecho a la protesta social está consagrado en la Constitución. Es un ejercicio legítimo, valiente y necesario para expresar inconformidades, exigir justicia y solidarizarse con causas globales como la del pueblo palestino. Pero cuando ese derecho se ve empañado por actos de vandalismo, pierde su esencia y daña su propósito.

En los últimos días, hemos visto cómo marchas convocadas en solidaridad con Palestina han terminado en ataques contra bienes públicos y privados: buses rayados, iglesias vandalizadas, locales comerciales agredidos, estaciones de policía destruidas. Estos hechos no representan la causa palestina ni a quienes la defienden con dignidad. Son el resultado de infiltraciones violentas que buscan sembrar miedo, dividir a la ciudadanía y deslegitimar la protesta pacífica.

La ciudadanía debe rechazar con firmeza estos actos. No podemos normalizar la intolerancia ni justificar el daño a lo que nos pertenece a todos: el transporte público, los espacios de culto, los servicios comunitarios. Cada piedra lanzada, cada grafiti ofensivo, cada agresión a un funcionario o a un ciudadano es una herida a la democracia.

Las autoridades tienen el deber de acompañar y proteger la protesta pacífica, no de criminalizarla. Pero también deben actuar con claridad frente a quienes se escudan en causas nobles para cometer delitos. La protesta no es sinónimo de caos. Es una herramienta de construcción, no de destrucción.

Como sociedad, debemos levantar la voz por la paz, por el respeto mutuo, por el derecho a disentir sin miedo. Colombia se levanta cada día a lucharla, como decimos en nuestras calles. Y esa lucha no puede ser secuestrada por la violencia.

La causa palestina merece respeto. Y Colombia también.

Como periodista, no puedo quedarme callada ante el uso indebido de la protesta. “Defender una causa no puede implicar destruir lo que nos pertenece a todos. La dignidad de una marcha está en su mensaje, no en el daño que deja a su paso”, afirmo desde mi oficio y mi convicción.

La ciudadanía tiene el poder de rechazar el vandalismo, de exigir garantías para la protesta pacífica y de construir una sociedad donde la diferencia se exprese sin violencia. Porque Colombia se levanta cada día a lucharla, y esa lucha merece respeto.