La suspensión provisional del Decreto 182 de 2026 del Ministerio de Salud beneficia directamente a Santander, al detener traslados masivos que habrían dejado a 70 de sus 87 municipios con Nueva EPS como única aseguradora en regímenes contributivo y subsidiado.
El decreto, expedido el 25 de febrero, buscaba limitar las EPS por población municipal: en localidades con menos de 10.000 habitantes, solo una entidad podría operar, favoreciendo a Nueva EPS por su amplia cobertura actual en Santander. Esto afectaría más del 80% del territorio santandereano, incluyendo zonas rurales donde los usuarios habrían perdido opciones como Sura o Sanitas. La medida cautelar del Tribunal Administrativo de Antioquia, emitida el 10 de marzo, frena todo hasta resolver el fondo de una acción popular.
Razones del impacto local
Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia de Salud desde abril de 2024 por irregularidades financieras y quejas en atención, enfrentaba dudas sobre su capacidad para absorber millas de afiliados adicionales en Bucaramanga, Barrancabermeja y municipios como Piedecuesta o Floridablanca. El magistrado Daniel Montero Betancur argumentó riesgos para la libre elección, competencia y acceso oportuno a servicios, preservando así la estabilidad para unos 1,5 millones de afiliados en el departamento.
Beneficios para usuarios santandereanos
La decisión evita revocatorias de autorizaciones y traslados forzosos previstas para abril, manteniendo competencia en cabeceras como Bucaramanga, donde operan múltiples EPS. Los usuarios reportan alivio ante fallas previas de Nueva EPS en autorizaciones y medicamentos en Santander. El proceso judicial continúa, pero por ahora se garantiza continuidad sin imposiciones.
