En el procedimiento estuvieron presentes la Policía Nacional, la Personería, la Defensoría del Pueblo y las secretarías de Salud, Desarrollo Social e Interior del municipio.

“Cuando llegamos a esta fundación encontramos irregularidades. No tenían uso de suelo y no cumplían con las condiciones higiénico-sanitarias. Las personas recluidas, la mayoría jóvenes, estaban en contra de su voluntad y por esto se originó un motín”, expresó Melissa Franco, secretaria del Interior.

“Verificamos las condiciones de cada uno de los internos, trasladando a los menores a comisarías de familia y llamando a los acudientes para que se acercaran a recoger a sus familiares. Se selló porque no cumplían los requisitos de funcionamiento”, agregó la funcionaria.