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Posibles irregularidades en contrato de más de $ 1.000 millones, enredan al exgobernador de Santander

Posibles irregularidades en contrato de más de $ 1.000 millones, enredan al exgobernador de Santander
Por: Amparo Parra Mosquera
agosto 6, 2024
Tiempo de lectura: 1 minuto leído
A A
0 0

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por posibles irregularidades en un contrato de una plataforma tecnológica para brindar información durante la pandemia por covid-19, que habría superado los $ 1.000 millones.

La decisión también cobija al exdirector técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo de ese departamento, Cesar Augusto García Durán, y al entonces supervisor del cuestionado contrato, Sergio Orlando Ferro Dávila.

El bilateral, que tenía por objeto la atención a la comunidad, en lo relacionado con el covid-19, a través de un centro de atención telefónica, no se habría ejecutado de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista con el 100 % del personal ofertado.

No obstante, la administración aparentemente pagó por un servicio que no fue prestado, a pesar de que los informes del supervisor eran manifiestamente contrarios a lo pactado.

En ese sentido, el Ministerio Público cuestionó la conducta del exgobernador quien, habría delegado en el director de la Gestión del Riesgo, la facultad contractual para el cumplimiento de la misión y funciones propias de su cargo.

La Procuraduría también formuló cargos al mencionado exdirector de Gestión del Riesgo, quien firmó el negocio jurídico, y al supervisor del contrato, pues habría suscrito y aprobado las actas de supervisión del contrato y presuntamente no informó del incumplimiento del contratista.

Las conductas objeto de investigación fueron calificadas por el ente disciplinario como falta gravísima a título de culpa gravísima.

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Por: Amparo Parra Mosquera
agosto 6, 2024
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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por posibles irregularidades en un contrato de una plataforma tecnológica para brindar información durante la pandemia por covid-19, que habría superado los $ 1.000 millones.

La decisión también cobija al exdirector técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo de ese departamento, Cesar Augusto García Durán, y al entonces supervisor del cuestionado contrato, Sergio Orlando Ferro Dávila.

El bilateral, que tenía por objeto la atención a la comunidad, en lo relacionado con el covid-19, a través de un centro de atención telefónica, no se habría ejecutado de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista con el 100 % del personal ofertado.

No obstante, la administración aparentemente pagó por un servicio que no fue prestado, a pesar de que los informes del supervisor eran manifiestamente contrarios a lo pactado.

En ese sentido, el Ministerio Público cuestionó la conducta del exgobernador quien, habría delegado en el director de la Gestión del Riesgo, la facultad contractual para el cumplimiento de la misión y funciones propias de su cargo.

La Procuraduría también formuló cargos al mencionado exdirector de Gestión del Riesgo, quien firmó el negocio jurídico, y al supervisor del contrato, pues habría suscrito y aprobado las actas de supervisión del contrato y presuntamente no informó del incumplimiento del contratista.

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