Por 72 horas, entre el 14 y el 17 de diciembre, el país vivirá bajo la sombra de un nuevo paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Así lo informó la guerrilla en un comunicado divulgado este viernes 12 de diciembre, en el que justifica la acción como una “protesta contra el plan neocolonial de Trump”, en referencia a recientes decisiones del presidente de Estados Unidos que, según el grupo armado, representan “una nueva fase del plan de intervención imperialista”.

El anuncio, que rompe con lo que el propio ELN denomina su “secreto militar”, advierte que durante el cese forzado de actividades se abstendrán de atacar a la población civil que no participe en la guerra, pero no especifica qué tipo de acciones desplegarán ni en qué territorios. La amenaza, sin embargo, ya genera temor en varias regiones del país donde la presencia del grupo armado es persistente.

El comunicado también recuerda que sobre alias ‘Pablito’, uno de los máximos comandantes del ELN, pesa una recompensa de 5.000 millones de pesos, lo que subraya la vigencia de las operaciones de este grupo pese a los esfuerzos de paz y los procesos judiciales en curso.

Este anuncio, que mezcla una agenda internacional con acciones armadas en territorio nacional, plantea preguntas urgentes: ¿Qué tan preparados están los territorios para enfrentar esta amenaza? ¿Qué garantías tiene la población civil en medio de un conflicto que se reactiva con discursos geopolíticos? ¿Qué papel deben asumir las autoridades locales y nacionales para proteger la vida y los derechos de las comunidades?

En un país que aún busca salidas sostenibles al conflicto armado, este tipo de anuncios no solo reavivan viejas heridas, sino que exigen respuestas claras, coordinadas y centradas en la protección de la ciudadanía. Porque más allá de los comunicados, lo que está en juego es la tranquilidad de miles de colombianos que, una vez más, se ven forzados a vivir bajo la amenaza de las armas.

Frente al anuncio del ELN, el Gobierno Nacional respondió con un rechazo enfático. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el paro armado como “un constreñimiento criminal” y anunció el despliegue de la Fuerza Pública en zonas urbanas y rurales con presencia histórica del grupo armado. Además, se activó un plan de seguridad para proteger a la población civil, especialmente en regiones vulnerables, y se reiteraron las recompensas vigentes por los cabecillas de la organización. Este pronunciamiento oficial, aunque busca enviar un mensaje de control institucional, también pone en evidencia la persistencia de las amenazas armadas en el país y la urgencia de fortalecer la protección territorial y la confianza ciudadana.