La crisis financiera del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca volvió a encender las alarmas. Mientras el gobierno nacional traslada responsabilidades sin respaldo presupuestal, la Gobernación de Santander se ve obligada a cubrir con vigencias futuras lo que el Ministerio de Salud aún no paga: una deuda superior a los 5.300 millones de pesos por atención a población migrante.
El secretario de Salud departamental, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado urgente al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y al presidente Gustavo Petro para que el gobierno nacional salde esta obligación.
“Es inaudito que se nos exija responder por compromisos que no están presupuestados en 2025. Estamos aportando a la crisis con recursos que no tenemos”, afirmó Prada.
Ante el colapso financiero del hospital y las protestas de trabajadores y sindicatos, el gobernador MG (R) Juvenal Díaz Mateus anunció un salvavidas: 9.400 millones de pesos serán destinados para cubrir pasivos laborales del centro asistencial, distribuidos en 5.000 millones en 2026 y 4.400 millones en 2027.
Los mandatarios territoriales no son magos ni hacen milagros. Administran con responsabilidad, pero no pueden seguir resolviendo lo que el gobierno nacional ignora o posterga. La salud pública no puede depender de gestos heroicos ni de vigencias futuras que comprometen el futuro de los departamentos. Esta situación exige un enfoque de justicia territorial, donde los recursos lleguen con equidad y oportunidad, y de dignidad laboral, donde los trabajadores de la salud no sean los que paguen el precio de la desidia institucional.
Este esfuerzo permitirá garantizar el funcionamiento del hospital, avanzar en su saneamiento fiscal y dar un respiro a los trabajadores que han denunciado despidos masivos y precarización laboral. La presidenta del sindicato, Mary Flórez, celebró el compromiso departamental pero exigió garantías para el personal asistencial, especialmente madres cabeza de familia y empleados con hijos en condición de discapacidad.
La salud de Santander es prioridad, y el gobierno departamental actúa con decisión. Pero el mensaje es claro: sin el pago de la deuda nacional, los hospitales públicos seguirán asfixiados. El llamado al Ministerio de Salud no es solo administrativo, es ético. Porque detrás de cada cifra hay vidas, urgencias y derechos vulnerados.
