En una decisión histórica, el Tribunal Administrativo de Santander reconoció al Páramo de Santurbán como sujeto de derechos, ordenando su protección integral y la suspensión de cualquier actividad que amenace su equilibrio ecológico, incluyendo los proyectos de megaminería.

Este fallo, emitido el 21 de julio, marca un hito en la defensa de los ecosistemas estratégicos de Colombia y responde a más de una década de movilización ciudadana, en la que comunidades, ambientalistas y organizaciones sociales han exigido el respeto por el agua, la biodiversidad y el territorio.

Un páramo que resiste

El reconocimiento jurídico del páramo como sujeto de derechos implica que se le debe garantizar protección, restauración y no regresión, incluso en escenarios de incertidumbre científica. La sentencia prioriza el principio de precaución y exige revisar los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de Vetas, California y Suratá.

Además, ordena remitir copias del fallo a la Fiscalía y la Procuraduría para investigar posibles delitos ambientales, y establece un seguimiento judicial especial como forma de reparación frente a la deuda histórica del Estado con el ecosistema y sus comunidades.

Tres gobiernos, una misma omisión

Pese a múltiples fallos judiciales, incluyendo la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, tres gobiernos nacionales han ignorado las órdenes de delimitación y protección del páramo, lo que ha intensificado la crisis ambiental y social en la región. Informes recientes de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo revelan que el Ministerio de Ambiente ha incumplido sistemáticamente los cronogramas, con apenas una mesa de trabajo realizada de las 30 previstas.

La minería ilegal, la contaminación por mercurio y la falta de participación ciudadana efectiva han agravado la situación, mientras las comunidades continúan defendiendo el agua y el territorio frente a intereses extractivos.

Voces que protegen el páramo

“Esta sentencia es una victoria colectiva. El páramo no solo es fuente de agua, es parte de nuestra identidad”, expresó Mayerly López, lideresa ambiental de Soto Norte, quien ha denunciado la persecución de multinacionales mineras por su defensa del territorio. Por su parte, Sebastián Senior, investigador y defensor del ecosistema, afirmó: “Los campesinos no son enemigos del medio ambiente; son sus guardianes. Han cuidado el agua por generaciones, sin recibir retribución alguna”. Ambos coinciden en que el reconocimiento del páramo como sujeto de derechos es un paso hacia la justicia ambiental, pero advierten que sin participación real de las comunidades, cualquier medida será incompleta.